El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, señaló que junto con su equipo se encuentran analizando la documentación entregada por el Gabinete del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), con respecto al destino final de los G. 500.000 millones en bonos para obras, que desvió su administración. Esto lo había confirmado la Contraloría General de la República (CGR) el año pasado y es lo que dio pie a la actual intervención.
Pereira dijo que los documentos entregados ahora por el equipo de Nenecho coinciden con los que aportaron a la Contraloría General de la República (CGR) para el análisis que concluyó que se desvió el dinero. Pero además, el interventor afirmó que le fueron entregadas copias de cheques y extractos bancarios.
Lea más: Nenecho entregó la PMT sin combustible y con solo 3 patrulleras funcionando, denuncian
En coincidencia con la no ejecución de las obras comprometidas con G. 500.000 millones en bonos; la falta de documentos de respaldo en la utilización de G. 492.000 millones para gastos corrientes, con fondos en la modalidad de la cuenta única, sin detallar el origen de los recursos, es la primera observación del informe de la Contraloría, que motivó la intervención.
En su informe de julio de 2024, la Contraloría había citado el memorándum N° 1.231 de la Dirección General de Administración y Finanzas en que la administración de Rodríguez “se limitó a exponer, de forma genérica, el uso de los fondos en la modalidad de ‘cuenta única municipal’ y que corresponden a gastos corrientes por un total de G. 492.000 millones, sin adjuntar los documentos de respaldo ni detallar el origen de los fondos o recursos utilizados”.
Entregarán documentos con su informe, dijo
Carlos Pereira dijo que estos documentos están en proceso de investigación y que, en su momento, tras la finalización de su informe, serán de libre disposición por la ley de acceso a la información pública.
Lea más: Cómplices de Nenecho en “apriete” a contribuyentes deben millones en tributo
Consultado al respecto del detalle de los cheques, cuyas copias le fueron entregadas, si fueron emitidos para el pago de gastos corrientes o si corresponden a obras, Pereira dijo que esa información también estará disponible en su informe final.
Sin embargo, aseguró que actualmente se encuentran analizando documentos relacionados con “las licitaciones de las compras que se pudieron haber realizado”, aunque adelantó que en su informe, se regirá el artículo 197 de la Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”, que “prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”, argumento que había sustentado la primera observación de la Contraloría General de la República (CGR).
Intervención y crisis financiera
Carlos Pereira, quien cumplió este lunes 13 días como interventor de la Municipalidad de Asunción, había denunciado la semana pasada que a su llegada, el 24 de junio, no había encontrado fondos en las arcas municipales para el pago de salarios de junio. Además, contó que hasta el viernes tenían una escasez de insumos básicos, como asfalto, para la prestación de servicios como el recapado de calles y avenidas.
Lea más: Intervención de Asunción: PMT tiene “niveles de corrupción intolerables”, denuncia nuevo director
También el viernes, Pereira había confirmado la recepción de la documentación requerida por su equipo para empezar a verificar las 6 objeciones de la Contraloría General de la República a la administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), que motivaron la intervención. En su informe de julio del año pasado, la CGR había confirmado el desvío de G. 500.000 millones en bonos para obras, denunciado por ABC y actualmente en investigación en la Fiscalía.
Pese a haber afirmado en varias oportunidades, tanto Rodríguez como miembros de su Gabinete, que el dinero se utilizó en gastos corrientes, hasta ahora no han podido demostrar, con documentos, el destino final de ese dinero.
Rodríguez, además, está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, por compras en pandemia, en la que la Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.