Álvaro Grau (PPQ), concejal de Asunción, denunció que el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), infló artificialmente la cartera de morosos de la comuna, incluyendo entre ellos a espacios públicos municipales, como plazas, parques y mercados. La denuncia, que fue hecha ante la Junta Municipal en su sesión ordinaria de este miércoles, fue remitida al interventor, Carlos Pereira.
Grau presentó documentos otorgados por la propia Dirección de Recaudaciones que demuestran que la administración de Rodríguez incluyó a espacios de dominio público municipal entre los morosos. “La Ley 125/1991, artículo 57 establece que la Municipalidad no se puede gravar a sí misma impuestos en bienes de dominio público municipal”, explicó.
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Según Grau, un grupo de 14 plazas, parques y mercados sobre los que pidió informes, tendría una supuesta deuda de más de G. 82.000 millones. “Dice que el (Jardín) Botánico le debe a la Municipalidad G. 23.700 millones y que tiene bloqueo por cobro judicial. En el Parque Caballero, la Municipalidad se debe a sí mima G 12.700 millones y tiene pendiente pagos desde el año 2003”, explicó Grau.
El concejal denunció que además se estarían aplicando impuestos y tasas especiales de forma fraudulenta para así inflar el pasivo municipal, con impuestos que por el transcurso del tiempo ya estarían prescritos. “La ley habla de cinco años nomás y después ya prescriben esas deudas”, reclamó.
Inflan los balances para sacar préstamos
El concejal Grau dijo que “esta es la forma en la cual la administración del intendente Rodríguez y las anteriores han venido inflando los balances, haciendo que los indicadores de solvencia de la Municipalidad sean falsos. Se van a los bancos y les dicen: ‘a mí me deben toda esta cantidad de dinero y es mentira”.
El edil denunció que este mecanismo es el que permitió que la Municipalidad de Asunción se endeude muy por encima de sus capacidades de pago. “Si sumamos las más de 150 plazas, parques y plazoletas, serían unos G. 800.000 millones, si hacemos más o menos una proyección. Serían US$ 100 millones que están inflado solamente en esto”, remarcó.
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El concejal reclamó que con estos datos se estaría haciendo incurrir en un error al propio interventor, Carlos Pereira, y apuntó a altos funcionarios municipales que estarían pasando informes que no son reales. Solicitó que la minuta presentada, por la que pide informes a la Intendencia, sea puesta en conocimiento de Pereira.
Grau acusó además a la administración Rodríguez de intentar instalar el relato de que la crisis financiera de la Municipalidad de Asunción es responsabilidad de los contribuyentes. “Acá tenemos la prueba de que el más grande deudor de la Municipalidad de Asunción, en teoría, es la propia Municipalidad de Asunción”, agregó.
“Modus operandi” de abogados
El concejal insistió en la existencia de una rosca de abogados “que nadie sabe cómo son elegidos, que notifican y les demandan a los deudores de la Municipalidad y después se llevan un porcentaje”, dijo.
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En ese sentido, el concejal calificó las supuestas notificaciones como falsas. “Ningún abogado se va a ir a notificarle al Botánico de que la Municipalidad se debe a sí misma. Evidentemente lo que está ocurriendo acá es que nadie le notifica a nadie, pero después las comisiones sí se las llevan estos abogados”, agregó.
El concejal agregó en el pedido que la Intendencia remita las copias de las actas de notificaciones, además de una “propuesta sensata de saneamiento de toda esta situación contable”, agregó.
Entidades sin fines de lucro
El concejal Grau agregó a esta misma situación a los clubes deportivos, iglesias y otras organizaciones sin fines de lucro, incluidas por la Municipalidad de Asunción entre los mayores morosos, a los “que la ley dice que están exoneradas”.
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El concejal Javier Pintos (ANR-cartista) presentó una minuta por la que también pidió información oficial con respecto a la situación de estas entidades privadas, para conocer el impacto financiero de estas cuentas que, por ley podrían ser exoneradas y que actualmente aparecen entre los pagos exigibles.
El concejal Humberto Blasco (PLRA) señaló, en esa misma línea, que se cae en el absurdo de que, pese a la exoneración establecida en la ley, las entidades sin fines de lucro son sometidas a tener que pedirla cada año. “(Eso) altera la exposición de las cuentas a cobrar, hace figurar que es una imposición cuando están exonerados”, reclamó.