El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, realizó un análisis preliminar de los primeros días de trabajo en la comuna capitalina y advirtió sobre un escenario complejo, con serias falencias administrativas y financieras heredadas de la gestión del intendente apartado, Óscar “Nenecho” Rodríguez.
Pereira señaló que aún no ha recibido la totalidad de la documentación necesaria para llevar adelante una auditoría forense profunda, aunque ya tiene estructurado el esquema de trabajo para identificar posibles irregularidades.
“La documentación gruesa todavía no recibimos, pero en auditoría forense se manejan procedimientos alternativos cuando faltan papeles. Ya tengo definido cómo encarar el trabajo y solo resta saber qué documentos están en Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas, en la Contraloría y cuáles llegarán a la intervención”, explicó.
El interventor manifestó que se realizará una trazabilidad completa de las cuentas utilizadas por la administración anterior, especialmente aquellas observadas por la Contraloría. Indicó que solicitó una prórroga debido a que no se logró cerrar el corte administrativo el pasado viernes, pero espera concretarlo entre lunes o martes.
Asimismo, Pereira advirtió que, si hay limitaciones para acceder a ciertos datos —como inventarios—, estas serán asentadas como excepciones, lo que impedirá emitir opiniones técnicas sobre esos capítulos. “Esa es responsabilidad administrativa de quienes no entregan la información”, sostuvo.
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Verificación de obras in situ
También anunció la incorporación de profesionales como ingenieros y arquitectos para inspeccionar in situ las obras de infraestructura financiadas con recursos de bonos. “Vamos a verificar si las condiciones de construcción fueron cumplidas, si los cronogramas de obras establecidos en los pliegos se respetaron, y si los pagos se corresponden con las obras o tuvieron otro destino”, detalló.
No se pagaron intereses de bonos
En el plano financiero, Pereira reveló que existen múltiples obligaciones vencidas, incluyendo el pago de intereses a bonistas de las emisiones G8 y G9, lo que genera un serio riesgo reputacional para el país. “Tenemos un pasivo estructurado que no está siendo honrado”, alertó.
Frente a la imposibilidad legal de despedir personal o rescindir contratos, el interventor señaló que trabaja en un plan de racionalización de la estructura organizacional de la comuna. Su objetivo es dejar una hoja de ruta estratégica para modernizar la institución mediante el uso de tecnología y la recuperación de mecanismos de control interno que fueron suspendidos.
“Es un escenario complejo, pero vamos a buscar evidencias para respaldar cada observación y sentar las bases de una gestión más transparente y eficiente”, concluyó.