La solicitud de nuevo juicio oral para la pediatra Laura Sena Figueredo, acusada de presunto homicidio culposo por la muerte del niño Renato Rojas Talavera en el Sanatorio Migone, fue realizada por el fiscal adjunto interino Diego Arzamendia Ovando, al contentar el recurso extraordinario de casación interpuesto por la querella adhesiva ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Específicamente los abogados Martín Barba y Rodrigo Cuevas, en representación de la querella adhesiva, atacaron a través del recurso de casación el Acuerdo y Sentencia N° 85 del 17 de diciembre del 2024, por el que el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, de la Capital confirmó la Sentencia Definitiva N° 300 del 23 de julio del 2024 emanada del Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por el juez Juan Francisco Ortiz e integrado por Rossana Maldonado y Manuel Aguirre.
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Con el voto de Ortiz y Maldonado el Colegiado de Sentencia resolvió absolver a la pediatra Laura Andrea Sena Figueredo del hecho punible previsto en el artículo 107 – Homicidio culposo; y, el artículo 15 – Omisión de evitar el resultado, del Código Penal; en concordancia con el artículo 29, inciso 1° - Autoría, del mismo cuerpo legal.
Renato Federico Rojas Talavera fue llevado por sus familiares al servicio de Urgencias del sanatorio Migone a las 08:11 del 20 de agosto de 2019, y falleció a las 13:05 del mismo día. Videos de las cámaras del circuito interno del centro médico mostraron cómo la abuela del niño pedía auxilio a gritos, ante la aparente indiferencia de los médicos de guardia.
Argumentos contra absolución de pediatra
En su contestación el fiscal adjunto interino Diego Arzamendia resalta que el Tribunal de Sentencia, a pesar de haber apreciado la posible existencia de un cambio en la calificación jurídica de la causa, no atendió las normas procesales previstas en el código de rigor, demostrando error en la conclusión de sus apreciaciones finales para el decisorio de la absolución.
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“Esta representación fiscal ha distinguido los equívocos que contiene el razonamiento jurisdiccional de primera instancia, razón por la que se sustenta el criterio de declarar la nulidad de la Sentencia Definitiva N° 300 del 23 de julio del 2024, dictado por el Tribunal de Sentencias, integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Manuel Aguirre y Rossana Maldonado”, señala otra parte del escrito de Arzamendia.
El fiscal adjunto interino concluyó que corresponde la casación del fallo impugnado, ya que a su criterio se halla afectado de vicios que acarrean su nulidad y hacen viable el recurso interpuesto por la querella adhesiva.
Finalmente, señala que el Tribunal de Mérito arribó a la solución final del caso “en forma arbitraria”, ya que según destaca no fue observada la legalidad de las normas procesales de reglamentan la valoración de los medios probatorios y el principio consagrado de la sana crítica, conforme a los límites de los puntos impugnados por la querella de la causa.
Ningún condenado por muerte de Renato
La pediatra Laura Sena es la única médica acusada por el Ministerio Público, de los cuatro profesionales que inicialmente fueron procesados por el caso. Los otros galenos -María de Fátima Bastos Ausfeld, José Manuel Ovando y Óscar Feliciano Cabrera Román-procesados por supuesta omisión de auxilio, fueron desvinculados del caso luego de que la Fiscalía considerara que los mismos no tenían responsabilidad en la atención al niño, pues el mismo estaba a cargo de Sena.
Con la absolución de Sena, en primera instancia la muerte del niño Renato queda impune y ahora, dependerá de la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para saber si Sena afronta un nuevo juicio oral y público o queda firme su absolución.
Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones, que confirmó la absolución de la pediatra Laura Sena, las fiscalas Natalia Silva y Luz Guerrero también recurrieron a la Sala Penal de la máxima instancia judicial, solicitando a través de un recurso extraordinario de casación la nulidad de la resolución y que se realice un nuevo juzgamiento.
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En el juicio oral llamó la atención la ínfima pena requerida por las agentes del Ministerio Público, de tan solo 1 año de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la condena, pese a que la expectativa de pena es de hasta 5 años de pena privativa de libertad.