Desde la Contraloría General de la República (CGR) confirmaron que un equipo de la institución realizará una fiscalización del corte administrativo en la Municipalidad de Asunción, en atención al inicio de la intervención en dicha comuna.
La auditoría se realizará a pedido del interventor de la Municipalidad capitalina, Carlos Pereira, según revelaron desde la CGR.
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Los fiscalizadores se encargarán de documentar lo relacionado con bienes, ejecución de obras, presupuestos administrados y otros datos más referentes con la gestión del intendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez hasta antes del inicio de la intervención.
En la Municipalidad de Asunción están “trabajando para ultimar los detalles” del corte administrativo, mencionó Pereira y adelantó que al final de este jueves ya se estaría culminando dicho informe.
No habrá endeudamiento
Pereira agregó que el corte administrativo le permitirá determinar cuáles son los recursos económicos con que se cuenta.
En ese sentido, reconoció que existe una “ansiedad” en el funcionariado de la Comuna capitalina con respecto al pago de salario de este mes.
A la vez, señaló que no se prevé endeudar a la Municipalidad para el pago de los haberes correspondientes ni para honrar otros compromisos.
“Estamos aproximándonos a fin de mes, hay mucha ansiedad en la gente en tema de pago de salarios y otros compromisos. Ayer me preguntaban qué íbamos a hacer y mi respuesta es: trabajemos juntos y miremos con preocupación la situación que hoy se tiene, pero no para pedir endeudamientos para pagar, sino para salir a buscar cómo cobrar lo que le deben al municipio”, dijo.
Buscarán cobrar a morosos
Precisó que, conforme a cifras parciales, a la Comuna asuncena se le debe alrededor de US$ 675 millones en concepto de tributos inmobiliarios, de rodados y comerciales, entre otros.
“Le pido el compromiso a los funcionarios que me ayuden a salir a cobrar esas cuentas que nos permitan también ayudar y responder más rápidamente las necesidades requeridas por la ciudadanía. Hay mucha necesidad insatisfecha”, mencionó.
Cuestionó cantidad de direcciones
Pereira, asimismo, refirió que está ”trabajando de cerca” con las direcciones que posee la Municipalidad de Asunción.
Acotó que a los encargados de estas direcciones les solicitó los detalles de sus necesidades para establecer una estrategia para enfrentar las denuncias recibidas contra la administración del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista).
Al mismo tiempo, destacó que en total dentro de la Comuna capitalina hay 60 direcciones, “lo que me parece mucho”. El interventor, sin embargo, no quiso ahondar en su cuestionamiento sobre la cantidad de direcciones “porque no es parte del trabajo en sí”.
Intervención y desvío
El martes pasado, Carlos Pereira asumió como interventor de la Municipalidad de Asunción, dejando apartado de la administración al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El pedido de intervención fue originado en un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que confirmó el desvío de G. 500.000 millones en bonos para obras, que Rodríguez utilizó en gastos corrientes con el argumento de una “cuenta única”.
Rodríguez dejó a la intervención una ciudad en ruinas y una municipalidad en quiebra técnica, según concejales opositores, con pésimos servicios y un plantel de más de 9.000 funcionarios, de los cuales 1.800 ingresaron durante su gestión. Según datos de su propia administración, solo en los primeros cuatro meses de este año, los servicios personales costaron a los contribuyentes más de US$ 30 millones, seis veces lo que se invirtió en obras.
Solo en junio, la administración de Rodríguez acumuló G. 30.246 millones en cuotas vencidas por intereses de los bonos G8. Además, en lo que va del año, acumula otros G. 14.589 millones que debe a la Caja Municipal de Jubilaciones, del dinero que descuenta compulsivamente, mes a mes, a los funcionarios
El informe de la Contraloría que confirmó el desvío del dinero de los bonos, fue derivado a la Fiscalía, que mantiene una investigación abierta. Rodríguez también está imputado por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”, por compras en pandemia. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.