Vecinos de la organización Defendamos Asunción, presentaron formalmente este jueves un recurso de reconsideración del acuerdo de uso de suelo firmado entre la Municipalidad, a cargo del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y el Asunción Golf Club, refrendado ayer por la Junta Municipal. Desde el colectivo de ciudadanos señalan que el convenio no es legal, rentable, transparente y que además se hizo a espaldas de la ciudadanía.
Entre los argumentos planteados por la organización se señala la oposición ciudadana generalizada, manifestada en la previa pronunciación por parte de la organización “Amigos del Jardín Botánico”, que el 17 de marzo ya solicitaban el rechazo de la cesión.
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En ese sentido señalan que esta operación viola “leyes, ordenanzas y acuerdos internacionales que protegen el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, como patrimonio natural y cultural”. Asimismo, hace hincapié en la manifestación que realizó la misma organización ante la sesión de la Junta Municipal en la que se aprobó el convenio.

La organización reclamó además el momento en el que se aprobó el convenio, mientras la Municipalidad enfrenta una situación de crisis financiera. “La cesión de un predio de alto valor cultural y ecológico por un canon de G. 80.000.000 mensuales (equivalente a menos del 0,02 % de su valor estimado) parece responder a una necesidad desesperada de ingresos, comprometiendo el patrimonio público”, dice en otra parte el escrito de la organización.
Cesión es ilegal y desventajosa, dicen
El en escrito de la organización, firmado por el abogado Enrique Wagener, se señala que la resolución de aprobación del convenio viola disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, que expresamente, como el artículo 134, que dice que “los espacios destinados a plazas, parques, calles y avenidas no podrán ser objeto de concesión para uso de particulares”. Agregan que “el JBZA, como parque público y reserva ecológica, está protegido por esta norma”.
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Entre otras cuestiones, agregan que la cláusula segunda del acuerdo, que establece un plazo de 30 años, es excesivo y con posibilidad de renovación, lo que “equivale a una privatización encubierta”.
Con respecto al canon, señalan que es “desproporcionadamente bajo frente al valor del predio (estimado en miles de millones de guaraníes). El reajuste por inflación no compensa esta desventaja, perjudicando el erario municipal”.
Asimismo, la organización señala que las mejoras propuestas - 1.600 metros de rejas y 100 cámaras de seguridad- no son suficientes y “no guardan relación con el valor ecológico y cultural del JBZA”.