Los casos de adquisición fraudulenta de subvenciones fueron detectados gracias a los controles efectuados por funcionarios de la Dirección General de Auditoría Interna en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, señala el documento presentado ante la Fiscalía.
En uno de los casos, en la ciudad de Carayaó, departamento de Caaguazú, se detectó que María Magdalena González de Medina falleció en Argentina hace varios años.
Tras una verificación en la casa de la mujer, una familiar confirmó que la señora falleció el 13 de agosto de 2018, en Buenos Aires, y que no contaba con los documentos.
Según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Pensión para las Personas Adultas Mayores (SIPPAM), al 19 de mayo pasado, la cuenta seguía activa.
Teniendo en cuenta estos datos, según los cálculos realizados se cobró en forma indebida más de G. 48.000.000.
En otro caso, esta vez en Alto Paraná, afecta Félix Cantalicio Díaz, de Hernandarias, quien según los datos falleció en el 2018, en su domicilio y que no procedieron a gestionar el acta de defunción. El registro arroja que la cuenta estaba activa, y que el monto cobrado irregularmente alcanzaría más de G. 45.000.000.
Otro de los casos detectados registra que De las Nieves Paredes Vda. de Urbina falleció en abril de este año, pero en mayo, la cuenta seguía activa.
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Las sospechas recaen sobre personas innominadas, familiares o personas de confianza, quienes no comunicaron el fallecimiento y siguieron utilizando las tarjetas de débito para realizar el cobro irregular.
Se solicitó la investigación de estos hechos por parte de los fiscales, así como informes al Banco Nacional de Fomento y datos a la Policía Nacional a fin de identificar a los responsables de estos hechos irregulares.