La acusación por supuesta estafa y asociación criminal presentada el jueves último contra Dany Durand junto a los demás ex directivos de Mocipar Fernando Román Fernández, Favio Arturo Britos Ocampos, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos y María Patricia Espínola Durand; fue admitida por la jueza penal de Garantías Alicia Verónica María Pedrozo Berni.
La magistrada atendió el requerimiento conclusivo presentado por los fiscales Hernán Galeano, Julio Ortiz, Silvio Alegre y Dominica Zayas, quienes solicitan que la causa vaya juicio oral.
La séptima procesada en la presente causa penal es Marcela Adriana Durán Martínez; sin embargo la misma está con declaración de rebeldía desde el 13 de setiembre del año 2023, por lo que el Ministerio Público no presentó requerimiento conclusivo respecto a ella.
La presente causa inició con la denuncia presentada por 31 clientes del Grupo Mocipar, quienes señalaron que entre el 2006 e inicios del año 2020 fueron víctimas del esquema de estafa que arrancó con el ofrecimiento para la adquisición de bienes como vehículos, inmuebles y electrodomésticos, a precios accesibles, en el programa “Domingo en Familia”, que era transmitido por televisión y estaba a cargo del propio Dany Durand.
Estafa por G. 665 millones a clientes de Mocipar
La acusación fiscal resalta que los representantes de Mocipar se comprometieron a la entrega de vehículos en perfecto estado, viviendas o construcción de las mismas y a suministrar electrodomésticos, sin embargo, luego de haber pagado durante años las cuotas y haber cumplido con lo establecido por los directivos de la empresa, los clientes no recibieron nada como contraprestación.
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El perjuicio patrimonial que sufrieron las 31 víctimas del esquema de estafa es de G. 665.004.000, según los informes remitidos por la Sindicatura de Quiebras al Ministerio Público.
Al respecto la acusación resalta los representantes de Mocipar, ahora acusados, no tenían la capacidad económica para cumplir con los compromisos asumidos, por no disponer de la cantidad de bienes comprometidos con los clientes, circunstancia que según los fiscales de la causa, se acredita con la gran cantidad de casos ingresados ante la Oficina de Denuncias del Ministerio Público.
Cámara confirmó juicio a Durand en otra causa
A fines del mes de mayo la Cámara de Apelación Penal resolvió confirmar el Auto Interlocutorio N° 861 del 4 de octubre de 2024, dictado por la jueza de Garantías Cynthia Lovera, que elevó a juicio oral la causa contra el exdiputado por el Partido Colorado y ex ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Xavier Durand Espínola y otros 7 exdirectivos del Grupo Mocipar acusados por supuesta estafa y otros hechos punibles.
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Específicamente, Durand y los demás exdirectivos de Mocipar serán juzgados por la presunta comisión de los hechos de estafa, lavado de dinero, asociación criminal, lesión de confianza, estafa en grado de tentativa, evasión de aportes a la seguridad social, conducta indebida en situación de crisis y conducta conducente a quiebra, según el fallo ratificado.
Además de Dany Durand se sentarán en el “banquillo de los acusados” los exdirectivos de la firma Mocipar Luz Marina González de Durand (esposa del exdiputado colorado), Fernando Román Fernández, Marcela Adrián Durand Martínez, Diana Teresita Britos de Román, Favio Britos Ocampo, María Cristina Coeffier Villalba y Myriam Teme Buscio.
La elevación de la causa a juicio oral fue recurrida por las defensas de Fernando Román, Teresita Britos y Favio Arturo Britos Ocampo; sin embargo, el Tribunal de Alzada integrado por los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín resolvió declarar inadmisibles las apelaciones planteadas por los sindicados en la causa.
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Estafa por más de G. 867 millones
Según la acusación que presentaron las fiscalas Alba Delvalle (actualmente jubilada) e Irma Llano, los siete encausados conformaban una estructura de organización empresarial y buscaban obtener bienes patrimoniales resultante de la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las firmas del Grupo Mocipar.
Los bienes también fueron obtenidos mediante la falta de pago de sus proveedores, siendo la idea y la dirección de la mecánica de “obtener bienes patrimoniales de forma indebida”, según la teoría plasmada en la acusación.
El perjuicio patrimonial ocasionado a un total de 31 víctimas de estafa asciende a la suma de G. 867.087.725, cuyo origen proviene de las “estructuras contractuales ilícitas, diseñadas para obtener beneficios indebidos”.
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