Para este jueves estaba prevista la finalización de la audiencia preliminar para los acusados en la causa Pavo Real I Daniel Montenegro Menesez, exesposo de la fiscala Katia Uemura; Ángela María Kunrath y César Fernández; sin embargo, el primero de los mencionados, bajo patrocinio de la defensora pública que lo asiste, presentó recusación en contra del juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, quien está a cargo de la presente causa.
En setiembre de 2024, la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió en el ejercicio de la profesión a los abogados Daniel Montenegro Menesez, Ángela Kunrath y Adrián Brizuela Olmedo, procesados en la causa Pavo Real. Los ministros Luis María Benítez Riera, Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón señalaron que los letrados habrían incurrido en una falta grave y argumentaron que “la no adopción de esta medida (la suspensión) pudiera causar perjuicio a la administración de justicia o a las personas particularmente afectadas.”
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Atendiendo esta decisión del máximo tribunal el juez Osmar Legal señaló esta mañana a Montenegro Menesez que no podía ejercer su defensa durante la audiencia preliminar, ya que está suspendido como abogado, y que cualquier manifestación debía hacerlo a través de su representante legal, la defensora pública María Fernanda Laíno.
Sin embargo, esta postura del magistrado no gustó ni al acusado ni a la defensora pública, quienes terminaron recusando a Legal por supuesta parcialidad manifiesta, con el argumento de que el magistrado no tuvo en cuenta que el artículo 97 del Código Procesal Penal permite la intervención del encausado para formular solicitudes.
Fiscalía pide juicio para acusados en caso Pavo Real
Ahora Legal deberá remitir su informe a la Cámara de Apelaciones, a fin de que un tribunal analice los argumentos del recusante y resuelva si hace lugar a la recusación planteada o confirma al magistrado en la causa. De ser así, Legal debe fijar fecha para proseguir la audiencia y resolver si la causa va o no a juicio oral.
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Según la acusación sostenida por los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Ingrid Cubilla y Andrés Arriola, los tres encausados habrían cometido los hechos punibles de lavado de activos en asociación criminal y asociación criminal para el lavado de dinero proveniente de tráfico de drogas de Jarvis Chimenes Pavão.
En consecuencia, en la primera jornada de la audiencia preliminar, llevada a cabo el pasado viernes 6 de junio, los agentes del Ministerio Público solicitaron al juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal que eleve a juicio oral la causa que afrontan Daniel Montenegro Menesez, exesposo de la fiscala Katia Uemura; la Abg. Ángela María Kunrath y César Fernández.
Por su parte, las defensas de los tres acusados plantearon incidentes, como la nulidad de la acusación fiscal del caso Pavo Real I y, en consecuencia, el sobreseimiento definitivo de los encausados, además de pedidos de inclusión y exclusión de varias pruebas ofrecidas por los agentes del Ministerio Público para sostener la acusación.
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Acusación contra exesposo de fiscala Uemura
El Abg. Daniel Montenegro Menesez, quien así como su colega Ángela María Kunrath participan de la preliminar por videollamada desde su lugar de reclusión; está acusado por supuestamente haber realizado transacciones de compra y venta de bienes inmuebles vinculados a la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão en cumplimiento de instrucciones recibidas por parte de Luan Chimenes, hijo del capo narco brasileño.
La acusación del Ministerio Público sostiene además que Montenegro Menesez colaboró de forma directa con la organización criminal, simulando actuar dentro del ámbito de su profesión (abogado) con la finalidad de realizar diferentes tipos de actos y transacciones relacionadas a la venta de los bienes que forman parte del patrimonio de la organización criminal en Paraguay.
Dichos actos y transacciones fueron realizados a efectos de disimular u ocultar el origen de los bienes, para evitar que las autoridades de control puedan identificarlos, considerando la vinculación de estos con investigaciones sobre lavado de activos, según la teoría plasmada por la Fiscalía en el requerimiento conclusivo.
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La Fiscalía también, por este caso, pide el comiso de varios inmuebles valorados en poco más de US$ 150 millones, entre ellos los hoteles del clan de Jarvis Chimenes Pavão, según el requerimiento conclusivo presentado el 11 de julio del año 2024.