El inmueble en litigio pertenecería a Guillermo Luis Giménez Abente, pariente cercano del esposo de la diputada Cristina Villalba (ANR, oficialista), representante del departamento de Canindeyú. El terreno tendría una extensión aproximada de 2.500 hectáreas, correspondientes a las fincas Nº 114, 115, 501 y 502, todas situadas en un mismo sector del asentamiento denominado San Miguel, del distrito de Maracaná.
Según los pobladores, actualmente el asentamiento está ocupado por 230 familias provenientes de la zona de Canindeyú y del departamento de San Pedro, donde la gente se dedica principalmente a la producción agrícola y cría de animales menores para su sobrevivencia, teniendo en cuenta que el lugar es de difícil acceso y prácticamente no cuenta con camino de todo tiempo.
En ese contexto, señalaron que el único lugar de acceso a la zona es por el municipio de Yrybucuá, departamento de San Pedro, donde los pobladores construyeron un improvisado puente de madera sobre el río Curuguaty para el paso de los habitantes del asentamiento campesino, señalaron.
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Temen derramamiento de sangre
De acuerdo con los datos extraoficiales que manejan los moradores del sitio, un grupo de desconocidos estaría preparando una posible estrategia malintencionada para provocar un enfrentamiento armado con los intervinientes durante el desalojo, con la intención de responsabilizar a los ocupantes del terreno, para que de esa forma puedan conseguir el encarcelamiento de muchas personas trabajadoras que solamente quieren acceder a un pedazo de tierra para poder producir y mantener a su familia, indicaron.
Uno de los dirigentes del asentamiento, que pidió el anonimato por medida de seguridad, mencionó que en el transcurso de esta tarde recibieron la información de que presuntamente fueron avistados varios hombres armados con ropas camufladas, ingresando en una zona boscosa con actitud sumamente sospechosa, merodeando el asentamiento.
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Al respecto, refirió que, posterior a este hecho ocurrido hoy, algunos contactos del grupo de campesinos recomendaron a la gente del lugar tener mucho cuidado si se concreta el desalojo ordenado desde el Ministerio Público, atendiendo al peligro de enfrentamiento que podría ocurrir durante el procedimiento entre el grupo de desconocidos y efectivos de la Policía, según los datos extraoficiales.