El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera interpuso un recurso extraordinario de casación, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra la prescripción de la causa por presunta lesión de confianza que afrontan el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Ing. Carlos Dionisio Heisele Sosa y otros dos procesados por el supuesto daño de G. 9.451 millones al Estado.
Puntualmente, el escrito de casación fue planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 28 de fecha 8 de abril de 2025 y su aclaratoria el Acuerdo y Sentencia N° 32 del 21 de abril, dictados por el Tribunal de Apelaciones 4ª Sala de la Capital, que con el voto en mayoría de los camaristas Andrea Vera Aldana y Cristóbal Sánchez Díaz decretó que la presente causa penal prescribió en fecha 2 de agosto de 2023.
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De acuerdo al fallo del tribunal de alzada la prescripción operó en atención a que el último cheque fue entregado el 2 de agosto de 2013; por lo tanto el 2 de agosto de 2023 se cumplió el doble del periodo legal para el tipo penal de lesión de confianza, que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de cárcel.
En su escrito de casación el fiscal Francisco Cabrera solicita a la máxima instancia judicial que anule el fallo de la Cámara y, de forma directa, confirme la Sentencia Definitiva N° 1 del 23 de diciembre de 2023, que dictó el tribunal integrado por los jueces Jesús Riera (presidente), Yolanda Morel y Elsa García. Este colegiado, con el voto en mayoría de las dos magistradas, condenó a otros dos procesados y resolvió que los plazos de prescripción de la causa estuvieron suspendidos por un año 10 meses y 14 días.
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El fiscal anticorrupción Francisco Cabrera señala que el Tribunal de Apelaciones (en mayoría) realizó un análisis equivocado de los artículos 103 y 104 inciso 2° del Código Penal a la hora de analizar la prescripción del hecho, puesto que se limitó a realizar un cómputo sin tener en cuenta las suspensiones.
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Al respecto, agrega que el error del Tribunal de Apelaciones fue limitarse a analizar las interrupciones acontecidas y considerar lisa y llanamente el doble del plazo como límite temporal para que opere la prescripción, sin tener en consideración cuestiones que hacen a la suspensión de los plazos, que pueden acontecer en forma simultánea a los casos de interrupción, pero afectan el cómputo.
Según el fundamento del agente fiscal, los efectos de la suspensión e interrupción son distintos y la disposición que señala que la prescripción opera cuando haya ocurrido el doble del plazo solo es aplicable cuando se trata de casos de interrupción y no así de suspensión, debiendo verificarse igualmente los plazos en relación a la suspensión los que deben ser descontados.
Cabrera resalta que la causa estuvo paralizada a consecuencia de la imposibilidad material de avanzar en el proceso hacia la siguiente etapa, pues el expediente no estaba en el Juzgado de Primera Instancia para la realización de la audiencia preliminar, ya que los autos principales fueron remitidos a la Sala Constitucional, lo que generó la imposibilidad material de avanzar en el proceso para la realización de la audiencia preliminar, constituyendo ello un obstáculo o circunstancia objetivamente insuperable para la continuación del proceso penal.
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Recursos paralizaron proceso a Heisele, según fiscalía
En su escrito de casación el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera detalla que otra suspensión del presente proceso penal se dio por la Acordada de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó que los plazos sean suspendidos debido a la pandemia por el coronavirus.
Asimismo, indica que existieron numerosas recusaciones a miembros del Tribunal de Apelaciones, lo que impidió el estudio de los recursos, puesto que la Corte Suprema de Justicia, en su Acordada N° 1292 dispuso que el expediente quedará con el juez o tribunal recusado hasta que se resuelva la recusación, salvo acto que no admita demora como medidas cautelares o anticipos jurisdiccionales de prueba.
“Estas cuestiones señaladas finalmente impidieron el transcurso normal del proceso respecto a los procesados, independientemente de que parte ha presentado los recursos o incidentes, puesto que la ausencia de expediente judicial y carpeta fiscal, se erigen en circunstancias objetivamente insuperables, generando la suspensión del plazo previsto en el artículo 103, inciso 1 numeral 1 del Código Penal”, resalta parte del escrito presentado.
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Finalmente, Cabrera señala que las causales que introduce la suspensión de la prescripción tienen carácter general o abierto, pudiendo configurarse tanto los obstáculos legales como así también las situaciones fácticas o de hecho que impidan la prosecución de la acción penal.
Proceso trabado por incidentes de las defensas
Carlos Heisele, René Aranda Cáceres y Ángel Galeano Barrientos fueron imputados el 9 de febrero de 2017 por los entonces fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), José Dos Santos y Martín Cabrera. Luego, el 24 de agosto de ese mismo año la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional de los procesados.
Seguidamente, el 12 de diciembre de 2018 el Ministerio Público solicitó la reapertura de la causa y al mismo tiempo presentó acusación contra Heisele, Aranda y Galeano.
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La jueza Alicia Pedrozo admitió el pedido y resolvió reabrir la causa el 13 de diciembre de ese año. Sin embargo, recién el 10 de junio de 2020 la Cámara de Apelaciones confirmó la resolución de Pedrozo.
El caso estuvo trabado por incidentes de las defensas e incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia que es donde se destrabó para llegar a su resolución y elevación a juicio, posteriormente.