El gerente de una planta criptominera, D&N SA, Juan Ignacio Marcillo, fue acusado formalmente por la Fiscalía por el presunto hecho punible de contaminación del aire, en su modalidad de polución sonora. La empresa señalada, también identificada con el nombre comercial Bitfarms, opera en la fracción Arasa Poty del barrio Santa Lucía de Villarrica.
La denuncia fue impulsada por un grupo de vecinos que afirman que no pueden descansar debido al ruido constante que emana de las instalaciones desde su apertura en junio de 2024. La causa, que está a cargo de la fiscal especializada en delitos ambientales, Jadiyi Ortiz, se centra en la presunta afectación a la salud pública y al medioambiente.
El representante legal de la empresa, Marcillo, enfrenta cargos conforme al artículo 198 del Código Penal Paraguayo, que tipifica la contaminación del aire como un delito. En caso de ser llevado a juicio oral y hallado culpable, podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión, debido al relacionamiento del hecho punible con actividades industriales y comerciales.
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Municipalidad no registró infracción
Según actas de intervención realizadas por la Municipalidad de Villarrica a finales del año pasado, las mediciones de ruido efectuadas en horario diurno no arrojaron valores superiores a los permitidos. De acuerdo con la Secretaría Municipal de Medio Ambiente, los niveles detectados oscilaron entre 48 y 63 decibeles, por debajo de los 75 decibeles permitidos en zonas industriales y los 70 en áreas mixtas.

No obstante, el fiscal que anteriormente estaba a cargo de la unidad, Erico Ávalos, procedió a imputar a Marcillo por contaminación sonora. En su argumento, señaló que, independientemente de los informes técnicos de la comuna, existen indicios de afectación ambiental que justifican la intervención penal.
Uno de los puntos más sensibles del caso es el cambio de zonificación del área donde opera la empresa. Originalmente, la fracción Arasa Poty era considerada una zona industrial, categoría en la que los límites sonoros son más permisivos. Sin embargo, en julio de 2024, la Junta Municipal aprobó una nueva ordenanza, la N° 27/2024, que redefinió el sector como zona mixta.
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Este cambio redujo los niveles máximos permitidos de ruido, especialmente en horario nocturno, donde el límite pasó de 75 a 55 decibeles. Los vecinos alegan que los ruidos molestos persisten durante toda la noche, lo que ha generado problemas de salud como insomnio, estrés y ansiedad.
En la ocasión, desde la empresa afirmaron que se han tomado medidas para mitigar el ruido, como el aislamiento acústico parcial de los equipos de minería digital.

Fiebre de la criptominería
Bitfarms (D&N SA) es una de las varias empresas del rubro que se han instalado en Villarrica, aprovechando el bajo costo energético del país y que operan en zonas donde la provisión de energía corresponde a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Según datos proporcionados por la estatal, la criptominera cuestionada consume alrededor de USD 1 millón en energía eléctrica al mes.