El Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, de la Capital confirmó el Auto Interlocutorio N° 861 del 4 de octubre de 2024, dictado por la jueza de Garantías Cynthia Lovera, que elevó a juicio oral y público la causa penal contra el exdiputado colorado y extitular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand Xavier Espínola y otros siete exdirectivos de Mocipar, acusados por supuesta estafa y otros hechos.
Específicamente, Durand y los demás exdirectivos de Mocipar serán juzgados por la presunta comisión de los hechos de estafa, lavado de dinero, asociación criminal, lesión de confianza, estafa en grado de tentativa, evasión de aportes a la seguridad social, conducta indebida en situación de crisis y conducta conducente a quiebra.
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Además de Dany Durand van a juicio oral los exdirectivos de Mocipar Luz Marina González de Durand (esposa del exdiputado colorado), Fernando Román Fernández, Marcela Adrián Durand Martínez, Diana Teresita Britos de Román, Favio Britos Ocampo, María Cristina Coeffier Villalba y Myriam Teme Buscio
La elevación de la causa a juicio oral fue recurrida por las defensas de Fernando Román, Teresita Britos y Favio Arturo Britos Ocampo; sin embargo, el Tribunal de Alzada integrado por los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín resolvió declarar inadmisibles los recursos de apelación planteados y, en consecuencia, confirmar la elevación de la causa a juicio oral y público.
Esquema de estafa a través de Mocipar
La acusación presentada por las fiscalas Irma Llano y Alba Delvalle (actualmente jubilada) resalta que los encausados conformaban una estructura de organización empresarial y buscaban obtener bienes patrimoniales resultante de la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas de Mocipar.
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Estos bienes también fueron obtenidos mediante la falta de pago de sus proveedores de bienes, siendo la idea y la dirección de la mecánica de “obtener bienes patrimoniales de forma indebida”, de acuerdo con el requerimiento conclusivo del Ministerio Público.
El perjuicio patrimonial ocasionado a un total de 31 víctimas de estafa asciende a la suma de G. 867.087.725, cuyo origen proviene de las estructuras contractuales ilícitas, diseñadas para obtener beneficios patrimoniales indebidos provenientes de los aportes de los clientes, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.
De las cuatro imputaciones presentadas en contra de Dany Durand y los demás exdirectivos de Mocipar, por el presunto esquema de estafa a través de dicha empresa, esta es la única causa que hasta ahora fue elevada a juicio oral. En uno de los procesos la fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo, pero el juzgado imprimió trámite de oposición y dejó el caso a cargo del fiscal general del Estado; mientras que en otra causa la semana pasada la fiscala Patricia Sánchez presentó acusación y pide que Dany Durand y Fernando Román vayan a juicio oral.
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Nueva acusación contra Durand por supuesta estafa
La fiscala Patricia Sánchez presentó acusación y pidió al juzgado de Garantías que eleve a juicio oral y público el proceso que afrontan los exdirectivos de Mocipar Dany Édgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández, por presunta estafa que ocasionó un perjuicio de G. 11.660.000 a una clienta de la firma Mocipar Propiedades SA.
El escrito conclusivo que presentó la fiscala Patricia Sánchez detalla que en el mes de julio de 2011 la señora Carmen Celeste Coronel Caballero suscribió en Asunción un contrato denominado “Departamento Fácil”, con Fernando Román Fernández, representante de la firma Mocipar Propiedades S.A.
Según la acusación, el hecho punible de estafa ocurrió entre los años 2011 y 2018, en Asunción, cuando Dany Durand Espínola y Fernando Román Fernández, integrantes del directorio de las firmas Mocipar Propiedades S.A., Mocipar Hogar S.A. y Mocipar Automotores S.A. se valieron del rol que ostentaban en dicho directorio, para conformar un esquema que, mensualmente, les permitía recibir sumas de dinero por parte de personas como la Sra. Carmen Celeste Coronel Caballero.
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La fiscalía agrega que la señora Carmen Coronel, luego de haber pagado durante años una cuota y haber cumplido con los círculos establecidos, no había recibido nada a cambio por la cantidad abonada; es más, tras cumplir acabadamente con la totalidad de los denominados “anticipos” establecidos en el contrato y no haber resultado adjudicada, había sido inducida a firmar nuevos contratos con el supuesto fin de no perder los aportes ya realizados.