¿Hay un yacimiento de oro en Caapucú? El viceministro enfatizó que la simple presencia de minerales en una muestra de suelo no es indicativo de un yacimiento explotable.
“Que una muestra de suelo esté mineralizada no significa que exista un yacimiento explotable. Para certificar una reserva, primero se debe probar técnicamente la existencia del recurso, lo cual es un proceso largo y costoso," explicó.
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Respecto a la amplia divulgación de hallazgo de oro en este municipio realizada por el intendente, Bejarano dijo que “no trae nada bueno hacer aseveraciones sin respaldo técnico”. “El intendente no se comunicó con el viceministerio ni presentó informe oficial alguno al respecto. Nos enteramos de todo por los medios”, aseveró Bejarano.
El intendente a través de los medios de comunicación informó que luego de la perforación de pozos artesianos fue tomada la muestra que dio positivo para oro, pero indicó que las perforaciones se realizaron en las compañías Charará, Capilla Tuyá, Capillita, Mboicuatia e Ypucú.
Asimismo, explicó el resultado emitido por Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) sobre el análisis de dos muestras geológicas recolectadas con fines de prospección minera en este distrito, conocido como “la ciudad de las minas y el ganado”.
La muestra de suelo analizada determinó que el oro se detectó en una concentración de 5,07 miligramos por cada kilo de suelo, lo que representa el mayor valor comercial encontrado en este estudio. Este hallazgo convierte al oro en el principal foco de interés en esta muestra.
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Mientras tanto, la muestra de roca identificó una concentración de 2,77 miligramos por cada kilo, un valor inferior al de la muestra de suelo, pero que sigue siendo relevante.
Procedimiento legal y técnico riguroso
El viceministro de Minas y Energía detalló el proceso legal y técnico que se debe seguir para la exploración y explotación minera en Paraguay, conforme a la Ley de Minería y la Constitución Nacional.
Señaló que dicho proceso implica, en primer lugar, verificar la disponibilidad del área y solicitar un permiso de prospección al MOPC, cumpliendo con requisitos técnicos, jurídicos, medioambientales y financieros. Si la prospección es favorable, se pasa a la fase exploratoria, que también requiere aprobación del MOPC. Finalmente, si se confirman recursos explotables, el contrato con el Estado paraguayo debe ser aprobado por el Congreso Nacional.
Expectativas sin fundamentos sólidos
El viceministro también refutó la sugerencia del intendente de que el municipio podría disponer autónomamente sobre los recursos. “No considero correcta esa percepción. Existe una Constitución y una ley por encima de cualquier ordenanza municipal. Las municipalidades no tienen atribuciones para autorizar explotaciones ni cobrar canon por recursos minerales. Eso le corresponde al Estado paraguayo,” sentenció Bejarano.
Ante la controversia, el MOPC anunció el envío de técnicos especializados a la zona para verificar las condiciones técnicas, jurídicas, ambientales y geográficas en las que se realizaron los muestreos de suelo.
“Estamos enviando técnicos para conocer qué se hizo, dónde y con qué permisos. Especialmente se revisará si cuentan con la licencia ambiental, requisito indispensable para cualquier permiso prospectivo. No creemos que la tengan,” indicó el viceministro.
Bejarano lamentó que se generen expectativas sin fundamentos sólidos, advirtiendo sobre el riesgo de inducir a errores y frustración en la población. Subrayó que cualquier proyecto minero debe contar con un respaldo técnico y financiero, así como aval jurídico por parte de una persona física o jurídica constituida legalmente.
Distribución de regalías
Finalmente, el viceministro aclaró que los municipios no tienen un derecho directo sobre los recursos minerales, sino que perciben regalías una vez iniciada la explotación efectiva. Estas se distribuyen de la siguiente manera: 50% para el Estado paraguayo, 25% para la Gobernación y 25% para el municipio correspondiente.
Citó como ejemplo al distrito de Paso Yobái, en el departamento de Guairá, donde se explota un yacimiento de oro y donde recién este año se comenzó a recibir G. 1.300 millones por la explotación aurífera, monto que debe ser distribuido entre los beneficiarios.
