El imputado, de 35 años, se encuentra privado de libertad de forma provisoria en la Comisaría 2ª de Altos, tras las diligencias investigativas realizadas.
El hecho habría ocurrido el 3 de mayo de este año. Mientras que la denuncia en la comisaría se realizó el 16 de mayo.
De acuerdo con los elementos de sospecha colectados hasta el momento, el fiscal resolvió imputar al sospechoso y solicitar al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de prisión preventiva, atendiendo la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena privativa de libertad que contempla este tipo de hecho.
Según establece la normativa vigente, la expectativa de pena para este hecho punible, en su modalidad agravada, oscila entre un mínimo de 15 y un máximo de 30 años de cárcel, en caso de que el acusado sea hallado culpable.
El Ministerio Público prosigue con las investigaciones y las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente el caso y brindar contención a la víctima y su entorno familiar.
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Aumento de abusos sexuales a menores: una deuda urgente del Estado y la sociedad
Cada vez son más frecuentes los casos de abuso sexual a menores que salen a la luz en nuestro país, una problemática que no solo refleja el drama silencioso que viven miles de niños y niñas, sino también el profundo déficit de protección, prevención y contención con el que cargan muchas comunidades.
Los informes del Ministerio Público revelan cifras alarmantes: cada año, centenares de denuncias se registran por hechos de abuso sexual infantil, muchas veces cometidos por personas del entorno cercano de la víctima, como familiares, vecinos, profesores o conocidos.
La confianza y cercanía que suelen tener los agresores con sus víctimas dificulta la denuncia y prolonga el sufrimiento en silencio.
La urgencia de educar y prevenir
Organizaciones de derechos humanos y defensores de la niñez insisten en la necesidad de implementar campañas permanentes de prevención, educación sexual integral y capacitación a docentes, padres y cuidadores para detectar señales de abuso y actuar a tiempo.
Además, demandan que las instituciones estatales garanticen refugios, acompañamiento psicológico especializado y justicia efectiva para las víctimas, así como penas ejemplares para los agresores.
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El abuso sexual infantil no distingue clases sociales, ni entornos urbanos o rurales. Puede ocurrir en cualquier parte y, por eso, requiere de una sociedad atenta, consciente y comprometida.
Desde esta redacción instamos a denunciar cualquier hecho o sospecha de abuso a los números habilitados por la Fiscalía o al 147 (Fono Ayuda), línea gratuita y confidencial para proteger a niños y adolescentes.
La niñez merece crecer segura, protegida y libre de todo tipo de violencia. El silencio no es opción.