La jefa comunal, junto a su esposo, el diputado nacional Esteban Samaniego (ANR), y otras ocho personas, enfrentan un proceso por los supuestos hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal. La Fiscalía estima que el perjuicio patrimonial a la comuna supera los G. 1.108 millones.
Durante la audiencia, el fiscal Corbeta ratificó su acusación contra la intendenta, esposa del legislador Samaniego. En este proceso, la vinculación del diputado sigue vigente, y el pedido de desafuero solicitado a la Cámara de Diputados aún está pendiente. También figura en el caso Blanca Álvarez, madre del parlamentario, imputada como cómplice.
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La investigación se inició sobre la administración municipal cuando Samaniego se desempeñaba como intendente de este distrito (2011–2017), durante el cual habría suscripto contratos, convocando licitaciones y pagado por obras y servicios inexistentes, beneficiando reiteradamente a los mismos proveedores.
Pedido de medida cautelar es puro populismo
Respecto al reciente pedido fiscal que solicita la prohibición de acercarse la intendenta a la Municipalidad local, la defensa técnica de la lord municipal, expresó que las medidas cautelares solo pueden aplicarse para evitar la fuga o la obstrucción de la investigación, condiciones que no se cumplen en este caso. “La investigación ya está cerrada. No hay forma de que la intendenta interfiera. Pretender apartarla del cargo en esta etapa es un uso desviado del proceso penal”, aseguró.
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El abogado también denunció una motivación política detrás del pedido del fiscal. “Esto es puro populismo judicial. Lo que se busca es apartar a una autoridad electa democráticamente por vía de una medida penal, cuando debería canalizarse por las vías constitucionales”, criticó.
Martínez indicó que, durante la audiencia, presentará formalmente su oposición al pedido del Ministerio Público y solicitará su rechazo. En caso de que el juez Otazú lo admita, anunció que recurrirá la medida.
La defensa anticipó que la audiencia continuará el martes, fecha en la que podría conocerse la decisión del juez. “Esperamos que se haga justicia y que no se siente un precedente peligroso para la institucionalidad democrática”, finalizó el abogado.