El pedido de intervención de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) generó un encendido debate en la última sesión de la Junta Municipal. Aunque concejales de la oposición disintieron en la oportunidad del proceso de intervención, coincidieron en la necesidad de que sea el electorado el que decida quién sucederá a Rodríguez, de ser destituido.
El concejal Álvaro Grau (PPQ), uno de los más críticos de la gestión de Rodríguez, se mostró abiertamente a favor de una eventual destitución del intendente de Asunción por la vía de la intervención. Para Grau, la intervención no puede tener otro desenlace que la destitución y ante esto instó a los diputados a tomar esa decisión.
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El concejal opositor fue claro al señalar que la Constitución ordena llamar a elecciones populares en caso de una eventual destitución. “Solamente se tiene que elegir entre los concejales en caso de una renuncia, pero ante una destitución, sí o sí. Tenemos el ejemplo de la intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod, que fue destituida pasada la mitad de su período y se llamó a elecciones”, remarcó.
“Tiene que ser la ciudadanía la que elija a sus nuevos representantes, porque no podemos permitir nuevamente que entre cuatro paredes se termine eligiendo a un intendente y que eso pueda implicar un pacto de impunidad. Acá tenemos que hacer lo que dice la norma y eso es llamar a elecciones”, concluyó.
“Nunca más elegir a un intendente entre trece”, dijo Blasco
Aunque criticó duramente el proceso de intervención, solicitado en primera instancia por la Contraloría General de la República (CGR), el concejal Humberto Blasco (PLRA) no dejó dudas respecto a su postura de que el eventual sucesor de Rodríguez debe tener la legitimidad del voto.
Al parecer de Blasco, todo indica que la intervención es “un acomodo de piezas” para correr del medio al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y blanquear al intendente de Asunción.
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“Parece un canje de prisioneros. Mi sospecha aumenta cuando un alto funcionario de la Justicia Electoral -en referencia a Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales- declara que si son destituidos, se tiene que elegir en el seno de la Junta Municipal, evadiendo la obligación constitucional de llamar a elecciones”, reclamó.
“Nunca más elegir un sucesor entre cuatro paredes, nunca más elegir un intendente entre trece. El maestro -por Jesús- tenía doce apóstoles y un traidor”, señaló. “Yo quiero que se vaya Nenecho, si es que corresponde, y quiero que se quede Miguel, si es que corresponde, pero quiero que eso lo diga la justicia y no por orden superior”, remarcó.
“Asunción tiene que seguir”, dijo Ayala
El concejal Félix Ayala (PLRA) responsabilizó directamente al movimiento Honor Colorado de lo que considera también una maniobra política para sacar del camino a “amigos” —por Rodríguez— y a “rivales” —por Prieto.
“El intendente, lógicamente, tiene todo el derecho a defenderse, pero tiene que pensar también en la ciudad. Que haga sus movidas políticas, que hable con sus compañeros de movimiento y que vea qué va a hacer, pero que no le haga sufrir a la ciudad de Asunción”, reclamó.
Ayala remarcó que su responsabilidad, como Junta Municipal, es que la institución continúe. “Existen los mecanismos de reemplazo. Ojalá la decisión sea que vayamos a elecciones, que también pedíamos el año pasado. Es la medida más apropiada para este momento. Porque ante tantas dudas, tantos cuestionamientos, tantas críticas, lo mejor es ir a unas elecciones”, agregó.
Ljubetic se ratifica en que elecciones son inviables
En comunicación con ABC, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, aludido en la sesión por el concejal Blasco, se ratificó en sus declaraciones a medios radiales donde dijo que considera materialmente muy difícil el cumplimiento de lo establecido en la norma constitucional, sobre todo teniendo en cuenta los plazos del calendario electoral.
En ese sentido, Ljubetic dijo que el pedido de intervención aún está en estudio en la Cámara de Diputados y, suponiendo que se resuelva rápido, la intervención dura 90 días -tres meses-, tiempo al que debe sumar el plazo del interventor para elaborar el informe: otros 60 días.
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Resuelto el tema de una eventual destitución, Ljubetic señaló que, aunque el plazo establecido en la Constitución para llamar a elecciones es de 90 días, la nueva normativa sobre financiamiento político extiende los plazos y podría llegar a coincidir las internas para elegir al sucesor con las internas para las elecciones municipales para el próximo mandato.
Ljubetic recordó que las internas partidarias para las Elecciones Municipales son el 7 de junio de 2026. A su vez, las Elecciones Generales Municipales son el 11 de octubre de 2026. “Podríamos convocar a elecciones para que alguien gobierne por dos meses”, concluyó.