Los 51 estudiantes que habían sido admitidos en el IFD de Lima rechazan la decisión del MEC, y exigen pruebas concretas de las acusaciones y se niegan a una nueva evaluación. Aseguran que en esta sede no hubo ninguna irregularidad y piden ser considerados como un caso especial.
El conflicto surge luego de que el MEC detectara “anomalías sumamente sospechosas” en los exámenes de ingreso de 2.339 postulantes en 28 institutos, en su mayoría privados, lo que representa el 45% del total. El viceministro de Educación Superior, Federico Mora, explicó que se trata de un caso sin precedentes que evidenciaría un fraude generalizado en el proceso.
El caso generó un escándalo público y provocó cambios dentro del MEC: la directora de Formación del Educador, Noelia Portillo, fue removida del cargo, tras la filtración de chats que vincularían a la concejala Carolina González (ANR-HC) con la divulgación de las respuestas del examen en un grupo de WhatsApp.
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Según las investigaciones, el 5 de abril se habrían filtrado las respuestas durante el desarrollo de la prueba de ingreso a través de dicho grupo, lo que llevó al MEC a presentar una denuncia ante la Fiscalía, que ya abrió una investigación formal.
En Lima, los estudiantes movilizados, aseguran que su sede no participó del fraude y que el proceso fue transparente. Tras reunirse incluso con el ministro de Educación, Luis Ramírez, y no obtener una respuesta satisfactoria, presentaron una acción de amparo con patrocinio legal para frenar la nueva convocatoria a exámenes.
Los afectados sostienen que recién después de que presentaron el amparo, el MEC oficializó mediante resolución la nueva fecha de examen, por lo que ahora esperan que la Justicia se expida con urgencia a su favor.