El intendente de Carapeguá, Luciano Cañete Galeano (colorado cartista), fue denunciado por “producción inmediata de documentos públicos de contenido falso” y fue imputado por el fiscal Rodolfo Colmán en 2021.
El juez de Garantías, Hilario Bustos, en el A.I. N° 319 sobre el sobreseimiento de Cañete, justifica que el intendente se sometió al proceso judicial, que no hay elementos originales, y que esa cuestión es un acto propio de la Fiscalía. Sin embargo, indicó que existe una denuncia contra personas innominadas, que esa causa sigue abierta, y que si los denunciantes arriman otros elementos, la investigación podría continuar.
Aclara que, sobre este hecho específico, el intendente ya no podrá ser investigado ni juzgado, porque ya se agotaron todos los plazos procesales para la presentación de pruebas y el periodo de acusación. No obstante, señaló que las víctimas pueden apelar la disposición judicial.
Lea más: Piden conclusión de la causa que investiga al intendente de Carapeguá
La denuncia fue presentada por once miembros de la anterior Junta Municipal, quienes acusaron al intendente de aprobar supuestamente un loteamiento para una empresa utilizando una resolución falsa para aprobar dicho loteamiento en el barrio Santa Margarita, a favor de la firma Durban Trading SA, presidida por Luis Martínez Cáceres.
Pese al rechazo del loteamiento porque se estaba realizando en una zona industrial, la firma supuestamente había presentado una cuarta solicitud de aprobación, mediante mesa de entrada N° 1429/2019. Dicha mesa de entrada sirvió para fraguar una falsa resolución de la Junta Municipal, la N° 235/2019, de la cual el intendente Cañete supuestamente se valió para expedir la resolución de la Intendencia N° 656/2019, por la cual aprobó el loteamiento para urbanización de la inmobiliaria Durban Trading SA.
Lea más: Imputan a intendente de Carapeguá por producción de documentos públicos de contenido falso
Falta de prueba
Sobre esta causa, la defensa técnica del intendente Luciano Cañete, Marcos Iván Genez, había planteado en 2024 ante el Juzgado de Garantías el levantamiento del plazo procesal y el sobreseimiento definitivo en la causa. La fiscal María Agustina Ünger, por su parte, había solicitado que se fije fecha para el acto conclusivo.
Sobre este proceso este lunes se realizó la audiencia preliminar desarrollada en el Juzgado de Garantía local. En la ocasión, el fiscal interviniente de la causa, Alcides Espínola, se ratificó en el pedido de sobreseimiento definitivo solicitado previamente por la fiscal Ünger, quien estuvo a cargo de la investigación.
Resaltó que el pedido obedece al informe técnico N° 05/2025, remitido por la perito caligráfica Jhonana Zavala, del laboratorio forense del Ministerio Público. En el reporte señala que el documento remitido para la pericia caligráfica corresponde a una copia simple, y que dicho documento no puede ser objeto de estudio o análisis por no tratarse de un original, lo cual lo vuelve inapto para una pericia caligráfica.
El fiscal Espínola adelantó que, al no existir elementos de certeza positiva como para acusar al investigado intendente Cañete Galeano y, por ende, elevar la causa a juicio oral y público, se ratificó en su requerimiento conclusivo.
Critican desempeño de la Fiscalía
De la audiencia preliminar participaron los exconcejales colorados Ángel González y Alberto Virgilli, los ediles del anterior periodo y el actual concejal liberal Rubén Galeano, así como Margarita Miró del PLRA. Durante la audiencia, Virgilli recordó al juez que la denuncia se realizó con el objetivo de investigar quién fue el que falsificó la mesa de entrada N° 1419, que —según dijo— es responsabilidad del intendente en su administración se generaron las documentaciones falsas.
Afirmó que la cuestionada mesa de entrada contenía dos pedidos diferentes: uno que decía “Rendición de cuentas – Fiesta de Primavera de Luz Mariela Cañete”, y llamativamente, entre renglones y con otra letra, apareció ingresado el pedido de aprobación del fraccionamiento de la firma Durban Trading SA.
El concejal González afirmó que es evidente que el Ministerio Público no investigó adecuadamente esta causa, y que los fiscales conocen el procedimiento: no pueden remitir una copia simple para una pericia caligráfica; debe ser el documento original. Agregó que los fiscales debieron haber requerido los documentos originales a la Municipalidad y enviar esos para su análisis.
Ante esta situación, esperaban que el juez resolviera dar trámite de oposición a la causa para que pase al Ministerio Público, pero en su lugar dictó sobreseimiento definitivo.
González concluyó diciendo que los concejales son contralores y no cómplices, y que eso es algo que debe entender Cañete, ya que desde 2015 es intendente. Aseguró que los concejales, ante cualquier indicio de irregularidad, tienen la potestad de denunciar.