Los abogados Álvaro Arias y Enrique García, defensores de la exfiscala Ana Elizabeth Girala López, acusada de supuesto cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, cohecho pasivo, asociación criminal y persecución a inocentes; plantearon los incidentes de nulidad de la acusación fiscal, sobreseimiento definitivo de la ex agente del Ministerio Público, y la exclusión del informe sobre los datos extraídos del celular de la encausada.
A su vez los defensores públicos María Fernanda Laíno y Carlos Arce, representantes de la ex asistente de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, Christi Magalí Ortega Domínguez; y la secretaria de la dicha unidad fiscal, Griselda Beatriz Acha Alcaraz, también pidieron la nulidad parcial de la acusación fiscal, alegando falta de indagatoria previa; exclusión del informe sobre los datos extraídos de los celulares de la acusadas y la inclusión de documentos entre las pruebas a ser producidas en el juicio oral.
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En el caso del de las abogadas Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Liz Elena Martínez Robles, sindicadas por los hechos de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal; la defensa se sumó los incidentes presentados por los demás acusados y planteó la excepción de incompetencia material del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, que está a cargo del presente juzgamiento.
En el caso del abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, la defensa presentará sus incidentes en la audiencia del próximo miércoles (28 de mayo), a las 7:30, fecha fijada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado que integran las juezas Yolanda Morel, como presidenta; Ana Rodríguez Brozón y Karina Cáceres, como miembros titulares.
Defensa de Ana Girala insiste en apartar a jueza
En la etapa incidental la defensa de la exfiscala Ana Girala solicitó la suspensión del presente juicio oral, con el argumento que la competencia del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado no está firme. Específicamente, fundamenta que está pendiente de resolución un recurso planteado ante la Corte Suprema de Justicia.
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“Nosotros habíamos advertido que la jueza Yolanda Morel, presidenta del tribunal, es cónyuge del ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, quien ya intervino en la presente causa; por ese motivo recusamos a la magistrada y pedimos que se aparte. La apelación que presentamos contra su confirmación sigue pendiente”, explicó el Abg. Álvaro Arias.
Por otro lado, el letrado cuestionó que los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez haya solicitado en la etapa incidental la inclusión de tres testigos que fueron imputados y acusados en la presente causa, ya que, si bien en la audiencia preliminar realizada el 19 de abril de 2024 fueron beneficiados por el juzgado de Garantías con la suspensión condicional del procedimiento.
Se trata de Higinio Duarte, Alfredo Aquino y Yennifer Leite, quienes según lo señalado por la defensa de Girala, siguen “atados al proceso” ya que la suspensión condicional del procedimiento es por el plazo de dos años, en consecuencia, sería totalmente irregular que brinden testimonio en el juicio oral. “Si estas personas no cumplen con las condiciones impuestas por el juzgado, retornarán al proceso, por eso no corresponde lo que pide fiscalía”, enfatizó Arias.
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Girala dirigía esquema de “apriete”, según acusación
Este proceso se inició a partir de una denuncia de un ciudadano al que le pidieron la suma de G. 25 millones para no acusar a su hijo por una tentativa de homicidio doloso, según la acusación presentada por el entonces fiscal Osmar Legal (hoy juez de Garantías contra Crimen Organizado) y el agente de la Unidad Anticorrupción Francisco Cabrera, en base en una investigación hecha entre los meses de setiembre de 2022 y febrero de 2023.
La investigación reveló una verdadera “oficina de recaudación” en la Unidad Penal de la Fiscalía de San Lorenzo. “En muchos casos, las funcionarias Christi Magalí Ortega y Griselda Acha recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaría de la unidad fiscal y luego se distribuían el dinero en efectivo e, incluso, realizaban dichas distribuciones a través de transferencias bancarias entre las tres”, puntualiza la acusación.
La hipótesis fiscal agrega que “éste no fue el único caso, causa penal, ni la única oportunidad en que las acusadas negociaron salidas procesales a cambio de pedir y recibir sumas de dinero para repartirse entre ellas”.
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La acusación detalla un total de 28 casos de “apriete” desde setiembre del año 2022, desde la unidad penal del Ministerio Público que estaba a cargo de la exfiscala hoy acusada Ana Girala.
Fiscalía funcionaba como “oficina de recaudación”
El 16 de febrero de 2023 se realizó una entrega vigilada y fueron fueron aprehendidas la asistente fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín. La investigación permitió identificar como los demás supuestos integrantes del esquema extorsivo a la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, todos acusados por el Ministerio Público.
La pericia realizada por el Ministerio Público a los celulares de las sospechadas dejó al descubierto que la fiscala Ana Girala no solamente estaba al tanto de todo, sino que dirigía esas negociaciones, de acuerdo a la acusación presentada por el entonces fiscal Osmar Legal.
Peor aún, quedó al descubierto una verdadera “oficina de recaudación” en plena Fiscalía. “En muchos casos, las funcionarias Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatríz Acha Alcaraz recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaría fiscal de la Unidad Penal Nº 1 de San Lorenzo y luego se distribuían el dinero en efectivo e, incluso, realizaban dichas distribuciones a través de transferencias bancarias entre las tres”, resalta la acusación.
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“(...) éste no fue el único caso, causa penal, ni la única oportunidad en que las acusadas negociaron “salidas procesales” a cambio de la solicitar y recibir sumas de dinero para repartirse entre ellas”, destaca la acusación del Ministerio Público, que presentó 28 casos de “aprietes” desde setiembre del año pasado, inclusive.