Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista, considera que la designación de procurador general, Marco Aurelio González como vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) es violatoria de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República.
El abogado señala que esto se desprende de la interpretación esta ley, que equipara al procurador al rango de ministro del Poder Ejecutivo, y que establece que, como tal “no podrá ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, remunerada o no, salvo la docencia o la investigación científica”.
Lea más: Derecho UNA: Marco Aurelio González, en acto proselitista de “significativamente corrupto”
“Desde el momento que se le da el rango y las prerrogativas de ministro, la interpretación es que también tiene las mismas obligaciones. En ese sentido, Estigarribia complementa la interpretación con otra norma, la Ley 6.525, que reglamenta varios artículos de la Constitución y que taxativamente establece que “se entenderá como ejercicio parcial de la docencia y la investigación científica, solo aquel que se realiza en horas cátedra y como educador o investigador en una institución educativa”.
En tal sentido, dice que el procurador también está alcanzado -pese a no ser citado expresamente- por la incompatibilidad que se establece en la Ley 6.525 en su artículo 1°, segundo párrafo, que entre otros cargos, le prohíbe a los ministros del Ejecutivo “ser electos, designados, nombrados o ejercer el cargo de rector, vicerrector, decano y vicedecano (...) mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones”.
Incompatibilidad es causal de Juicio Político
El abogado y docente señaló que, de no mediar una acción de inconstitucionalidad firme o al menos una medida cautelar, el procurador debería elegir uno de los dos cargos y apartarse del otro, ya sea por la vía del permiso o la renuncia. De no darse eso, es causal de Juicio Político, agregó.
Estigarribia recordó que esta normativa se hizo, justamente, para evitar que altas autoridades ocupen cargos de autoridad docente, que no es lo mismo que el ejercicio de la docencia. Señaló que la finalidad de la norma es “darle dedicación exclusiva a los altos cargos de dirección pública al funcionario y que no distraiga su tiempo”.
Lea más: Bogarín Alfonso busca copar con leales el consejo directivo de Derecho UNA
“Salvo que el procurador haya hecho una acción de inconstitucionalidad (...) o tenga una medida cautelar de suspensión de los efectos de la ley (...), no puede ocupar los dos cargos y deberá optar por uno de ellos”, dijo.
El abogado aclaró que desconoce si el procurador tiene o no una de estas medidas, lo que lo eximiría del cumplimiento de estas normas. Estigarribia remarcó que Marco Aurelio González es un abogado especializado en Derecho Administrativo, por lo que no cree que desconozca la norma.
Debe apartarse o accionar
Estigarribia señaló en conversación con ABC que, en caso de no tener ya una resolución judicial favorable, el procurador debería “pedir permiso en su cargo de vicedecano e instaurar una acción de inconstitucionalidad, hasta tanto la Corte resuelva” el fondo de la cuestión, salvo que obtenga una medida cautelar que suspenda los efectos de la norma para él.
Proselitismo y polémica
Marco Aurelio González, procurador general de la República y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), participó días atrás del lanzamiento de la candidatura de Jorge Bogarín Alfonso, designado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de EE.UU., quien busca el cargo de representante no docente de la Facultad.
La presencia del vicedecano en el acto proselitista representaría una abierta violación al reglamento de conducta que rige para las autoridades de la Universidad, que les prohíbe “influir en las elecciones universitarias”.
Lea más: Corte cajonea auditoría que afecta a tía de “significativamente corrupto”
González estuvo presente, dando su apoyo público a Bogarín Alfonso y a los demás integrantes del movimiento “Es nuestro momento”, que son el concejal de Asunción, César “Ceres” Escobar y José Vega Insfrán.
El Reglamento General Disciplinario vigente de la UNA, en su artículo 43°, inciso g dice que, como vicedecano, González tiene prohibido “utilizar la influencia que deriva de su cargo para influenciar o intentar influenciar en el resultado de las elecciones universitarias". A esto se suma que, como vicedecano, González no pertenece al estamento al que Bogarín Alfonso busca representar, el de los egresados no docentes.
Otros participantes del acto
El vicedecano Marco Aurelio González también fue fotografiado con otros cuestionados participantes del acto proselitista. Entre ellos, el abogado Edison Sánchez, vinculado a la causa de los “bolígrafos de Minotauro”. Sánchez, representante legal de Sergio de Arruda Quintiliano Netto, fue procesado por soborno agravado, pero se le concedió una suspensión condicional del procedimiento por un año.
Según sostuvo la Fiscalía, a pedido de la esposa de alias Minotauro, entregó dos bolígrafos de la marca Mont Blanc, valorados en G. 6.000.000 cada uno, a los exfiscales Armando Cantero y Hugo Volpe, como agradecimiento por el archivo de una causa penal en 2019. Al momento de la apertura de la causa, Volpe era viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
Lea más: Docentes de Derecho-UNA homenajearon a exministro de la Corte condenado por coima
En fotografías compartidas en redes sociales por los presentes en el acto proselitista de Derecho UNA, también se ve al abogado Vicente Ferreira, designado junto con Bogarín Alfonso como “significativamente corruptos” en 2023 por el Gobierno de los Estados Unidos.
Ferreira, operador de Bogarín Alfonso, había sido imputado por el fiscal Jorge Eduardo López Lohman (+) en el marco de una investigación por supuesta adulteración de documentos públicos, pero luego fue sobreseído de la causa.El fiscal que lo imputó fue separado del cargo bajo el argumento de “mal desempeño de funciones”, durante la presidencia de Bogarín en el Consejo de la Magistratura y siendo miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En mayo de 2022, López Lohman falleció esperando una respuesta a la apelación de su separación del cargo.