La edil Romí Ruggeri salió al cruce de las expresiones de Jacquet, quien señaló que la construcción del puente que reclaman pobladores de Santa Lucía, San Joaquín, Yataí, Ykua Satí no se lleva adelante porque concejales de la bancada colorada ponían palo a la rueda, exigiendo un estudio de impacto ambiental sobre un arroyo de cinco metros de ancho. Dijo que no se concreta únicamente por la falta de gestión del ejecutivo distrital, ya que el llamado a licitación se realizó en el 2024 para que se pueda ejecutar dentro del primer cuatrimestre del 2025.
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“Dentro del primer cuatrimestre no hizo nada, ahora hace un nuevo llamado que sería para el segundo cuatrimestre, entonces la falta de gestión es responsabilidad de él. Nosotros tuvimos una ampliación presupuestaria de aproximadamente G. 3.500.000.000, plata que no se utilizó todo el año pasado, y el costo del puente es solo G. 350.000.000. Acá, el tema está en que el intendente quiere hacer puente a cualquier precio, sin estudio de impacto ambiental, bajo el pretexto de emergencia”, dijo.
Al mismo tiempo, mencionó que el municipio arrancó el 2025 con un presupuesto de G. 11.694.200.000; posteriormente, en febrero pasado, se realizó una ampliación de G. 3.414.519.991, por lo que el municipio cuenta con un presupuesto de G. 15.108.719.991, lo que significaría que la falta de fondos no es el motivo por el cual no se construye el puente, que tiene un costo de G. 350.000.000. “Al intendente no le falta plata, solo hace falta gestión de su parte para que se pueda hacer esa construcción”, aseveró.
Pobladores de las compañías Santa Lucía, San Joaquín, Yataí, Ykua Satí llevan cinco años reclamando el arreglo de un puente a la Municipalidad de Santa Rosa, Misiones. Los lugareños solicitan poner fin a la interminable burocracia y ejecutar el proyecto que beneficiará a más de 200 familias de la zona.
En su momento, Rubén Jacquet señaló que ya había solicitado a la Junta Municipal la declaración de emergencia, de tal manera a acelerar el proceso a pedido de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP); de lo contrario, solicitan el estudio de impacto ambiental. Para evitar eso, la salida es la declaración de emergencia, pero la bancada colorada es la que pone obstáculos exigiendo el estudio de impacto ambiental sobre un arroyo de cinco metros de ancho, según señaló.
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