Los funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), representados por el Sindicato de Trabajadores de la Reforma Agraria y el Sindicato de Trabajadores del IBR, presentaron un comunicado en el que manifiestan su profunda inquietud por la desmedida crisis generada en la Colonia Guayakycua, departamento de Caaguazú, afectando a propiedades privadas, que fuera creada por el actuar del propio titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, en complicidad con pseudodirigentes de dudoso actuar.
El texto señala que “el actual presidente del Indert, en una acción terriblemente irresponsable y en completo desconocimiento de cuáles son sus reales funciones, instigó, arengó y propició la invasión de un inmueble, terrorífico hecho que podría convertirse en antecedentes nefastos para la estabilidad social de un país”.
Además, expresan que se infringieron normas como “el artículo 19 de la Constitución Nacional de Paraguay que garantiza la propiedad privada, estableciendo que es inviolable y que nadie puede ser privado de ella, sino por sentencia judicial”.
En otra parte, resalta lo que señala el Código Penal en el artículo 142, que hace referencia a la invasión de inmueble ajeno: “El que, individualmente o en concierto con otras personas, ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años. Cuando la invasión en el sentido del numeral anterior se realizara con el objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta diez años”.
Lea más: Indert anuncia descentralización de titulaciones en tres departamentos del sur
Seguido mencionan la Ley 1.863, que establece el Estatuto Agrario: De la Función Social y Económica de la Tierra: Artículo 1º.- Garantía a la propiedad privada. Autoridad de aplicación. “Esta ley garantiza y estimula la propiedad inmobiliaria rural que cumple con su función económica y social. Dentro de los límites en ella regulados, su aplicación estará a cargo del Organismo de Aplicación establecido por ley, sin perjuicio de la competencia que, en áreas específicas, las leyes atribuyesen a otros organismos del Estado”.
“El economista Francisco Ruiz Díaz no conoce sus funciones y esto podría acarrear caos jurídico, social y económico, con consecuencias que podrían costar hasta vidas humanas”, apuntan en el escrito.
Para finalizar, remarcan que el titular del Indert cumple sus funciones “con ignorancia, prepotencia y soberbia, haciendo caso omiso a recomendaciones y sugerencias de funcionarios que conocen la realidad y las leyes vigentes”.