A través del Auto Interlocutorio (AI) N° 102, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez, dispuso la apertura a juicio oral de la causa conocida como “Dakovo” y caratulada como “Paulo César Fines Ventura, Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, Victorino Gómez Paredes, Jorge Antonio Orué Roa, Bienvenido Santiago Fretes González y Arturo Javier González Ocampo s/ Tráfico ilícito de Armas de fuego”.
De esta forma quienes afrontarán juicio oral son los acusados Paulo César Fines Ventura (40), Arturo Javier González Ocampos (59), Bienvenido Santiago Fretes González (53), Jorge Antonio Orué Roa (60), y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano (33), quienes fueron acusados por los fiscales Luis Said, Jorge Arce y Francisco Cabrera.
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Por otra parte, en esta causa también había sido acusado por el Ministerio Público Victorino Gómez Paredes. Sin embargo, la magistrada declaró la extinción de la acción penal en su contra y su consecuente sobreseimiento definitvo, en vista a que el mismo fue encontrado muerto en una celda en febrero de 2025.
Tras sustancia la audiencia preliminar, la jueza de garantías rechazó varios incidentes planteados por las distintas defensas, entre ellos el de la aplicación del procedimiento abreviado, inclusión probatoria de pericia acústica forense, sobreseimiento definitivo, cambio de calificación y otros más.
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Además, Sánchez autorizó el tratamiento médico dermatológico para el acusado Jorge Antonio Orué Roa en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de la Nación, bajo estricta custodia de parte de la Dirección del Servicio de Justicia Militar (DISERJUMIL) y elevar informe al juzgado 24 horas después de cada diligencia.
Hechos acusados por Fiscalía en caso Dakovo
Los representantes del Ministerio Público acusaron a los seis nombrados previamente por los hechos punibles tipificados en el artículo 98 - tráfico de armas y artículo 99 - hechos punibles conexos, por la Ley N° 4036/2010 de Armas (hoy derogada por la Ley N° 7411/2024) y también por el artículo 239 - asociación criminal, del Código Penal.
De acuerdo con la teoría fáctica de la Fiscalía, el esquema delictivo conformado por los acusados consistió en la importación legal de armas, que luego eran adquiridas por personas y empresas que, simulaban ser propietarias, pero en realidad, eran prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
Acusado en caso Dakovo, también afrontaba causa por “Ja’umina”
Victorino Gómez Paredes, alias Vito, como se lo conocía en el mundo criminal, estaba recluido por causas relacionadas con hechos de narcotráfico, tráfico de armas y homicidio.
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La causa por homicidio tiene relación con el denominado caso “Ja’umína Fest”, en el que murió la influencer Cristina “Vita” Aranda, ocurrido el 30 de enero del 2022, en el anfiteatro de San Bernardino.
Armas de Dakovo iban a parar al Comando Vermelho y PCC
Una vez en posesión de las armas, estas eran entregadas a personas que se encargaban de realizar el borrado del serial para evitar su trazabilidad en caso de que sean incautadas, en locales ubicados tanto en Ciudad del Este como en ciudades del departamento Central.
“Posteriormente, se realizaba el traslado de las armas con serial borrado hasta zonas fronterizas para su entrega a los verdaderos adquirentes, miembros de organizaciones criminales como el Comando Vermelho o el Primer Comando da Capital (PCC). El principal objetivo era realizar transferencias de dinero a Estados Unidos a través de un ciudadano paraguayo que reside allí, por lo que las autoridades de dicho país resolvieron la apertura de una causa respecto a ello”, señala la acusación.
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La fiscalía agrega que la investigación permitió constatar que Paulo Fines Ventura habría colaborado con la venta de armas de fuego a compradores ficticios, ha participado en los procesos de permisos y autorizaciones ante la Dirección de Material Bélico (Dimabel), ha participado en la entrega de pagos y regalos a sus autoridades.
La Fiscalía señala al comerciante como “parte estable e importante de la estructura criminal, teniendo pleno conocimiento de sus propósitos ilícitos, participando en cada uno de los mandatos realizados por su jefe el argentino Diego Dirisio -propietario de la firma International Auto Supply SA (IAS)- actuando con conocimiento y anhelo, por lo tanto forma parte de manera dolosa de la asociación criminal”.
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Modus operandi desactivado con el operativo Dakovo
En otra parte de la acusación afirma que Paulo Fines Ventura solicitó a un funcionario de la Dimabel (todavía no identificado plenamente) que acceda al sistema informático de la institución para modificar estado de un arma de fuego en los registros, específicamente un revólver – calibre 32, con número de serie 07428 D, para de esta forma generar pruebas contra una persona, de nombre Derlis Julián Benítez Sanabria.
Con relación a Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, la Fiscalía sostiene que el mismo “ha realizado gestiones en carácter de vendedor de la empresa IAS a personas que no son los destinatarios finales de estas armas, participando a su vez en el registro ante la Dimabel de las mismas, ha remitido paquetes que contienen armas via encomienda y ha retirado giros de dinero enviados a su nombre por el pago de armas vendidas irregularmente a través de casa de cambios”.
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De acuerdo con el Ministerio Público, Samaniego tenía conocimiento de la irregularidad de las operaciones por lo tanto su conducta es dolosa.
Por su parte, Victorino Gómez Paredes “en varias ocasiones prestó su colaboración para la adquisición de armas de la empresa IAS, para supuestos compradores, realizando las gestiones pertinentes para el borrado de los seriales, esto se produjo mediante pagos, aparte del costo de las armas, destinados a una casa comercial que se encargaría de la “limpieza”, refiriéndose con este término a actos relativos a la supresión o borrado de los números de series de las armas para evitar el posterior rastreo o indagación del origen de estas”, refiere la acusación.
Participación de los militares, según la Fiscalía
Respecto a la participación del Gral. Arturo Javier González Ocampo, Comandante de la Fuerza Aérea en el momento en que se realizó el operativo, el Ministerio Público sostiene que el mismo, en su condición de integrantes del Consejo de Comandantes “tenía incidencia en la designación de los directores de la Dimabel y Renar, así como otros funcionarios inferiores, por lo que se comprometía a interceder en la designación de funcionarios afines a los objetivos de la estructura comandada por Diego Dirisio a cambio de dinero, esto lo hacía con conocimiento absoluto y anhelando puesto que le generaba beneficios, actuando de esta manera dolosamente”.
“Asimismo, prestaba servicios a la estructura criminal puesto que además de facilitar las designaciones brindaba información confidencial de las esferas castrenses a la señora Eliane Marengo para que esta transmita a Diego Dirisio y así este utilice dicha información”, afirman los fiscales en su requerimiento.
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En cuanto al Gral. Jorge Antonio Orué Roa, los fiscales sostienen que “utilizó su influencia como director de la Dimabel para intervenir en procesos administrativos que la empresa IAS se encontraba gestionando, desde requisitos para importación de armas, gestiones que presuntos compradores debían realizar ante la Dimabel y pedidos de informes que la misma Dimabel requería a la empresa IAS., todo esto a cambio de regalos y de pagos y promesas de pagos de beneficios”.
La acusación sostiene que el militar tenía contacto directo con Dirisio y que las intervenciones mencionadas para la concesión de permisos y autorizaciones para IAS, en ocasiones se dieron con otros funcionarios y otras en forma directa.
Con relación al Cnel. Bienvenido Santiago Fretes González, la acusación señala que “en más de una ocasión recibió pedidos de Diego Dirisio para que agilice trámites de inscripción, registros y autorizaciones, a cambio de estos recibía regalos en canastas y armas de fuego de valor considerable”.