La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite anualmente informes de avances y retrocesos en el mundo. En el apartado sobre Paraguay, menciona numerosos puntos, entre ellos la reacreditación de la Institución Nacional de Derechos Humanos en la categoría “A” de los Principios de París.
“Además, se mejoró el acceso a la justicia para grupos vulnerables, se fortaleció la respuesta a la violencia contra las mujeres y se impulsó una encuesta sobre la población afroparaguaya”, dice la CIDH.
Sin embargo, resaltaron los grandes “desafíos” del Paraguay, con la probación de una “ley que limita la libertad de asociación, lo que podría restringir la labor de defensa de los derechos humanos”. Al igual que el cierre “del espacio cívico, con impactos en el Estado de derecho y narrativas contrarias al género, afectando los derechos de personas LGBTI y mujeres”.
También el informe resalta la destitución de la senadora Kattya González por supuesto uso indebido de influencias, pero en un proceso calificado como inconstitucional y señalado como parte de un patrón de violencia de género.
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De la misma manera, se menciona la denominada “ley anti-ONG”, la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas para organizaciones sin fines de lucro, que según la sociedad civil, debilita el espacio cívico, amenaza la autonomía de las organizaciones de derechos humanos y afecta sobre todo a organizaciones feministas y LGBTI.
Pueblos indígenas y personas privadas de libertad
En un apartado, fueron resaltadas las denuncias por desalojos de comunidades indígenas de sus territorios ancestrales y actividades que amenazan la superviviencia del pueblo ayoreo en aislamiento voluntario.
En materia de personas privadas de libertad, si bien resalta la habilitación de nuevas cárceles, el informe indica que el país registra todavía un 391% de hacinamiento, atribuido al uso excesivo de la prisión preventiva, que afecta al 57% de los presos.
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Mujeres en peligro
Pese a que la Comisión destaca las campañas de prevención de la violencia contra la mujer, agrega que los datos señalan las altas cifras que se dan en el entorno familiar“. A pesar de los esfuerzos estatales, la respuesta continúa siendo insuficiente, pues, según información oficial, la Policía cubre solo 16 de las 95 denuncias de violencia contra las mujeres que se registran por día”, dice la CIDH.
Con respecto a las personas de la comunidad LGBTI, resalta que ”una alta autoridad del Estado declaró públicamente su rechazo a estudiantes con lo que llamó de “tendencia homosexual” en escuelas agrarias, recordando así las declaraciones del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez.
Censura
En otro punto del informe anual, se recuerda el caso denominado “Aldo Zuccolillo Moscarda vs. Paraguay”, planteado por las violaciones al derecho a la libertad de expresión, al principio de legalidad y a las garantías judiciales en perjuicio del fallecido director del diario ABC Color, por parte del exlegislador Juan Carlos Galaverna.
En ese caso, la Comisión concluyó que la Corte Suprema del Paraguay hizo una aplicación retroactiva de la ley penal, sancionando al señor Aldo Zuccolillo con la pena adicional de composición, respecto de hechos que habían tenido lugar con anterioridad a que entrara en vigor la legislación que instaurara dicha penalización. Por tanto, Paraguay violó el principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal.