La situación se da luego de una reunión registrada ayer en Asunción entre representantes del sector y el presidente de la República, Santiago Peña, en la que se propuso judicializar a la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA), propiedad del empresario Alberto Palumbo, que tenía la responsabilidad de ejecutar la antigua obra del tren de molienda, y hacer un nuevo llamado para terminar los trabajos del nuevo equipamiento.
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Ante la situación, los representantes de los cañicultores se reunieron esta mañana y, tras un largo debate, decidieron aceptar la propuesta del Gobierno, pero aseguraron que seguirán al costado de la ruta hasta que exista un acuerdo firmado con el Ejecutivo.
El productor Braulio Salinas manifestó que, como cañicultores, no tuvieron otra alternativa más que ceder a la propuesta del Gobierno, en vista de que es la única salida más viable que encontraron ante este problema. De igual forma, señaló que solicitarán el reajuste de los precios de la caña dulce de G. 280.000 la tonelada a G. 310.000 la tonelada, y el inicio inmediato de la zafra 2025.
Dijo que ya no cerrarán la ruta y pidió disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas durante los cierres de la Ruta PY02.
Situación de la obra del tren de molienda
La construcción del nuevo tren de molienda del ingenio estatal de Mauricio José Troche fue adjudicada a la empresa Estructura Ingeniería S.A. (EISA), propiedad del empresario Alberto Palumbo, en diciembre de 2021. En su momento, Contrataciones Públicas corroboró incumplimientos, según documentos disponibles en su portal, por lo que se permitió la subcontratación a la firma Ocho A.
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Sin embargo, según los datos oficiales, el 100% de la responsabilidad con el Estado recae sobre EISA, cuyo contrato, valuado en G. 198.704 millones, está suspendido, pero no rescindido, desde enero de 2023.
Petropar ya desembolsó G. 41.778 millones como anticipo al inicio del contrato, pero hasta hoy la planta sigue sin estar operativa, lo que genera un creciente malestar entre los productores afectados.
Después de la presión de los productores, Petropar judicializó el caso y presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra personas innominadas.
El vocero de Petropar, Adalberto Acuña, manifestó que encontraron inconsistencias en la obra y en el propio proyecto ejecutivo, y que, ante la situación, decidieron presentar la denuncia ante la Fiscalía. Agregó que el Ministerio Público, dentro de sus atribuciones, tendrá que determinar quiénes son los culpables del perjuicio que se está causando con la obra del nuevo tren de molienda de Mauricio José Troche.