La muerte del pequeño Osman Eliel encendió alarmas sobre el manejo de servicios críticos en hospitales públicos. Los padres del bebé, que falleció tras no recibir atención en una UTI neonatal inhabilitada, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Villarrica en busca de justicia.
El caso fue inicialmente asignado a la Unidad Penal Ordinaria N.º 3, a cargo del fiscal Osvaldo Mora. Sin embargo, este solicitó su remisión a la capital y el expediente cayó en la Unidad N.º 2 de la sede Barrial N.° 7 del Ministerio Público en Asunción, argumentando una cuestión de competencia territorial, dado que el fallecimiento ocurrió en un centro asistencial de la zona.
La decisión ha sido cuestionada por el abogado representante de la familia, Hugo Alvariza, quien anunció que iniciarán acciones para que la causa sea devuelta a Villarrica. “La negligencia a investigar ocurrió en Villarrica, no en Asunción”, sostuvo el letrado en una entrevista.
Alvariza expresó su preocupación de que la remisión a la capital dilate o incluso paralice el proceso judicial.
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Informe ratifica negligencia
La denuncia se da en paralelo con un informe demoledor emitido por la Superintendencia de Salud, que confirma que la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Regional de Villarrica fue inaugurada sin estar operativa.
La auditoría revela que la UTI fue habilitada formalmente el 27 de febrero, siete días después de su inauguración oficial, realizada el 20 de febrero, con presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y la ministra de Salud, María Teresa Barán.
Osman nació el 26 de febrero, cuando la misma se encontraba totalmente desmantelada y tras estallar el escándalo, se apuraron las diligencias para ponerla en funcionamiento. Según el informe, el recién nacido presentó signos de dificultad respiratoria a los 15 minutos de vida. Sin acceso a una UTI, fue atendido en una sala intermedia, y el traslado a Asunción recién se concretó casi diez horas después, ya en estado grave.
El hospital Santísima Trinidad, en la capital, fue el destino final del traslado, pero ya era tarde. El bebé falleció el 1 de marzo. La cadena de demoras, falta de insumos y ausencia de protocolos de contingencia fue duramente cuestionada por los auditores del sistema de salud.
Director destituido fue el chivo expiatorio
Cristhian Matto, en ese entonces director del Hospital Regional de Villarrica, declaró que antes de la inauguración recibieron observaciones verbales del Ministerio de Salud, como el sellado de puertas exteriores. Aun así, la ceremonia se realizó y las correcciones recién se hicieron días después del acto.
En medio del escándalo, la titular del Ministerio de Salud, María Teresa Barán, responsabilizó directamente a Matto por supuestamente cerrar la UTI de forma unilateral, sin previo aviso ni autorización de la cartera sanitaria. Tras los resultados de la auditoría, quedó claro que esta acusación no fue más que un lavado de manos de la cartera sanitaria.
Gremios médicos, tras la publicación del informe, reiteraron la exigencia de la renuncia o destitución inmediata de la ministra de Salud, acusándola de habilitar simbólicamente una sala sin operatividad real, lo que habría costado una vida humana.
La Superintendencia concluye que hubo “fallas en todos los niveles”, y señala la ausencia de documentos que respalden que la sala estuvo operativa al momento en que se necesitó. También subraya la inexistencia de personal capacitado o sistemas en funcionamiento.