El gerente de la empresa Latin American Minerals Paraguay SA (Lampa SA), Rubén Aguilera, en representación del sector minero de Paso Yobai, denunció lo que consideran una “campaña de desinformación y desprestigio” tras la publicación de un estudio científico que vincula las actividades extractivas con elevados niveles de contaminación en suelos y cursos de agua, alegando que se siguen realizando prácticas nocivas y una mala gestión de desechos.
El estudio, elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad Católica, Campus Guairá, acompañado por profesionales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y con apoyo de la Pastoral Social de la Diócesis de Villarrica, señala que la presencia de metales pesados y compuestos químicos en suelos y ríos cercanos a las zonas de explotación minera supera ampliamente los límites aceptados por organismos internacionales.
Según los autores del estudio, las muestras de suelo recolectadas durante un período de 24 meses en distintas zonas cercanas a piletas de lixiviación y en cauces hídricos importantes revelan un patrón sostenido de contaminación que afecta no solo al medioambiente, sino también a las comunidades aledañas, muchas de las cuales dependen del agua del río para consumo y agricultura.
Los resultados fueron socializados en una conferencia que se realizó la semana pasada en la sede de la Universidad Católica en Villarrica, y rápidamente generaron repercusión en sectores sensibles, como los productores de yerba mate, que vienen realizando denuncias sobre este tema desde hace varios años.
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Sin embargo, el gerente de Lampa SA (única empresa concesionada por el Estado paraguayo para la extracción de oro), en representación del sector minero, calificó el estudio como “tendencioso” y “carente de rigor científico”. Dice que los investigadores ignoran la realidad técnica de los procesos mineros actuales, que cuentan con protocolos ambientales certificados.
Además, manifestó su preocupación de que un trabajo de esta naturaleza padezca de graves fallas metodológicas y sea tomado como base para generar presión sobre la industria.
Entre las críticas del sector minero se encuentra el hecho de que el estudio no habría contado con supervisión técnica independiente, ni habría solicitado el acceso a las instalaciones para verificar los procedimientos utilizados en el tratamiento de residuos.
Alegan que la investigación fue realizada de forma unilateral, sin dialogar con los actores involucrados ni contrastar datos con las autoridades competentes en la materia. “Eso compromete seriamente su objetividad”, afirmó Aguilera.
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Se reabre el debate sobre el uso del mercurio en las minas
En uno de los puntos principales, el estudio señala que los niveles de mercurio hallados en los cauces hídricos superan el umbral de seguridad definido, y que se detectaron efectos negativos en la calidad de los cuerpos de agua, así como en la fauna ictícola.
El ingeniero Rubén Irala Galeano, quien dirigió el proyecto de investigación, explicó que la sedimentación actual de mercurio en los arroyos estudiados podría significar que el metal pesado se sigue utilizando en un procedimiento conocido como gravimetría.
Este método debió ser totalmente sustituido por el uso de otros químicos desde la entrada en vigencia de la Ley N° 6036/18, que aprueba el Convenio Internacional de Minamata para la regulación del uso de mercurio en las industrias.
No obstante, Irala acotó que no descartaría la posibilidad de que el mercurio presente se deba a la contaminación residual, vestigio de la labor minera previa a Minamata.
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Sobre esto, el alto funcionario de Lampa SA, Aguilera, manifestó que gran parte de los datos especulados serían los mismos rescatados de informes realizados entre los años 2017 y 2018 por la propia empresa concesionada. Según la aseveración de Aguilera, los mismos no están actualizados y la socialización de estos carece de objetividad.
La cianuración también fue cuestionada
Otro de los puntos socializados por el grupo investigador es la posible mala utilización del cianuro, una alternativa química “más amigable” que permite un nuevo proceso llamado lixiviación; pero que, en su mal manejo, podría resultar en una catástrofe ecológica, así como en el riesgo de muerte para las personas directamente expuestas.
Para esta teoría, la investigación se basó principalmente en las pruebas realizadas sobre hojas y ramilletes de yerba mate pertenecientes a parcelas que se encuentran en un radio menor a 400 metros de piletas de lixiviación. Los resultados demostraron la presencia de plantas enfermas y con crecimiento deficiente, lo que se debería a la presencia de agentes nocivos en el suelo y el aire.
Lo cuestionado sería el tratamiento de los relaves o pulpa resultante de la extracción de oro, que aún contiene una alta concentración de cianuro. Este representa el último paso de la disposición de residuos, donde estos deben ser sometidos a un proceso llamado fotólisis, para la descomposición del compuesto químico y su neutralización final.
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Respecto a esto, Rubén Aguilera aseguró que las empresas mineras que operan en el área de concesión de Lampa y con licencias ambientales del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), cuentan con toda la infraestructura necesaria, la instrucción y el control permanente de la empresa misma y los organismos de control estatales, tanto para el proceso general como para la disposición final de los residuos tratados.
Sin embargo, admitió la existencia de varios grupos que se inician en la actividad minera desde la clandestinidad, pero son denunciados ante el Ministerio Público, el Mades, y sus instalaciones son clausuradas.