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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió remitir al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el resultado de auditorías hechos en los Juzgados de Paz de Villa Elisa y Lambaré, a cargo de los magistrados Marta Benítez Alderete y José Segundo Velázquez Alfonso, en ese orden.
El pleno de la máxima instancia judicial del país tomó la decisión en la sesión ordinaria de hoy, a pedido del ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien es el superintendente de la circunscripción de Central.
Jiménez abogó por una profunda investigación no solamente a la actuación de los magistrados, sino también a los actuarios judiciales Ariel Paniagua Alonso, Hugo Molinas Duré y la ujier Ana Osorio de Blanco, lo mismo que con varios oficiales de justicia.
El ministro explcó que había solicitado una auditoría a los juzgados de Paz de Central, tarea que empezó con los juzgados de Paz de Villa Elisa y Lambaré.
“Se han auditado una buena cantidad de expedientes. en un caso 745 y en otro caso 1.005 y se han encontrado irregularidades importantes que tienen que ver tanto con el magistrado, como con los actuarios, con los ujieres. Es bastante grave”, expresó.
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Irregularidades detectadas en los juzgados de Paz de Lambaré y Villa Elisa
“Acá se encuentran una serie de irregularidades, pero hay una cuestión que llama poderosamente la atención es que después de una tramitación ya importante del expediente, en algunos casos con sentencias, sobreviene una recusación sin expresión de causa. En todos estos casos el juez se inhibe, evidentemente ya ¿en forma extemporánea, improcedente”, afirma Jiménez.
El ministro de la sala civil y comercial precisó que se refería al titular del juzgado de Villa Elisa y puntualizó que su colega de Lambaré jamás impugnó esas inhibiciones.
“Esto en algún caso puede pasar. pero si se toma en consideración que sucedió en 2.878 expedientes, acá la cuestión ya no es meramente circunstancial y más todavía si se considerada que tiene que ver con un grupo de profesionales y principalmente una profesional", afirmó Jiménez.
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Jiménez sostuvo que la Corte no puede dejar pasar las irregularidades detectas sin al menos una investigación profunda y en ese sentido, solicitó remitir los resultados de la auditoría al JEM con relación a los magistrados y con relación a los funcionarios, al Ministerio Público.
“Hay casos de notificaciones en la misma fecha y en la misma hora pero en lugares diferentes; lo mismo los ujieres, que hacen intimaciones de pago en lugares diferentes pero en horarios y días coincidentes”, agregó el ministro, quien abogó además por la suspensión de los involucrados.
A sugerencia del ministro Víctor Ríos Ojeda, el pleno de la Corte resolvió convocar a los ministros para la próxima sesión, a los efectos de dar sus respectivas versiones acerca de los hechos investigados.