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El informe, titulado “Con mi cara no: Implementación de cámaras de reconocimiento facial por el Estado paraguayo”, documenta que al menos 2.300 cámaras fueron adquiridas por 13 instituciones públicas, incluyendo al Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Cámara de Senadores, gobernaciones y municipalidades como Paraguarí y Encarnación.
“Estamos ante un despliegue estatal de tecnologías de vigilancia biométrica que avanza sin transparencia, sin evaluación de impacto y sin que exista una ley de protección de datos personales que limite su uso. Se recolectan datos sensibles de la ciudadanía todos los días sin que sepamos quién controla esa información o con qué fines”, señalaron desde la organización Tedic, que defiende y promociona derechos humanos en entornos digitales.
Uno de los hallazgos que destacaron como más alarmantes es el uso del Fondo de Servicios Universales (FSU), administrado por Conatel, para financiar la compra de estas tecnologías.
Indican que este fondo fue creado con el objetivo de disminuir la brecha digital y garantizar conectividad en comunidades rurales, indígenas y sectores vulnerables; sin embargo, desde 2016 —y con más fuerza a partir de 2018— el FSU ha sido utilizado para adquirir sistemas de videovigilancia, muchos con reconocimiento facial, en lugar de financiar acceso a internet o dispositivos digitales.
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Uso de fondos públicos para vigilancia
La organización advierte que el uso del FSU para vigilancia es una grave violación a la finalidad original y que constituiría un caso de desvío de fondos públicos que debería escandalizar a toda la ciudadanía, porque en vez de reducir la desigualdad digital, se invierte en controlar y perfilar personas.
Según el análisis de Tedic, 27 licitaciones se adjudicaron a través del FSU entre 2011 y 2022, muchas de ellas camufladas como compras de “equipos de oficina” o “educativos”, lo que impidió un monitoreo adecuado.
Además, señalan que desde 2018 Tedic impulsó tres litigios para exigir acceso a información pública sobre el uso de esta tecnología, pero todos fueron rechazados. En el primer amparo, presentado contra el Ministerio del Interior, la justicia alegó “seguridad nacional” como argumento para negar los datos requeridos, en 2023, dos nuevas acciones judiciales tampoco lograron obtener información sobre contratos, proveedores o ubicación de las cámaras.
“La negativa sistemática a brindar información convierte al reconocimiento facial en una política pública sin controles democráticos. En un país sin ley de datos personales, esto representa una amenaza seria a la privacidad, la libertad de circulación y la presunción de inocencia”, expresaron desde Tedic.
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Riesgos del uso de equipos de vigilancia
Desde Tedic expresan que la justificación oficial del reconocimiento facial suele girar en torno a su presunta eficacia en seguridad pública; sin embargo, según datos obtenidos por la organización, entre 2019 y 2023 se emitieron apenas 137 alertas, y solo una en 2023.
“Estos resultados marginales contrastan con los altos riesgos en derechos humanos, como la vigilancia masiva, discriminación, falsos positivos y criminalización de la vida en el espacio público”, afirmaron.
Otro punto que tienen en cuenta es que en el 2023 se confirmó la filtración de bases de datos biométricos de la Policía Nacional, lo que demuestra lo frágil y riesgoso que resulta operar estas tecnologías sin estándares mínimos de protección.
Ante este escenario, desde la organización plantearon tres medidas urgentes:
- Suspender el uso de tecnologías de reconocimiento facial hasta que se apruebe una ley de protección de datos personales con enfoque de derechos humanos.
- Investigar el uso indebido del FSU y sancionar a las instituciones responsables.
- Garantizar el acceso público a todos los contratos y licitaciones vinculadas a la implementación de tecnologías de vigilancia biométrica.
“Nuestra cara no es un dato más. Es parte de nuestra identidad, es única, irremplazable, y debe ser protegida. No podemos permitir que el Estado vigile a su ciudadanía sin límites ni garantías”, concluyeron desde la organización.