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Hoy se inició la audiencia preliminar para el médico Juan Carlos Martínez Cañete y su pareja, la abogada Lilian Rocío Villagra Villar. Ambos está acusados por supuesta violación de las reglas de adopción, en un caso de presunto “vientre de alquiler”.
La diligencia se realiza ante el juzgado penal de Garantías N° 2, a cargo de Alicia Pedrozo, ante quien la fiscala Fatima Girala se ratificó en la acusación presentada contra la pareja.
“Los acusados de manera irregular contactaron con una madre vulnerable y en condiciones económicas mínimas para quedarse con el bebé al momento del nacimiento. Para ello, el acusado Juan Carlos Cañete se comunicó inclusive con una trabajadora social al momento del nacimiento de la criatura y mencionó que era un supuesto pariente político de la paciente L. F. y que se haría cargo de todas sus necesidades y las del recién nacido”, afirma la fiscala Girala en su acusación.
“Además, no se debe de olvidar que el niño a pesar de encontrarse inscripto por el Juzgado de la Niñez, iba ser registrado posteriormente por los acusados violando todo tipo de procedimientos leyes que rigen la adopción a fin de acceder a su cometido”, señala la acusación fiscal.
A su turno, la acusada Lilian Villagra comunicó su decisión de prescindir de la asistencia legal que recibía de una defensora pública y asumir personalmente su defensa y la de su pareja.
A pedido de los acusados, la magistrada dispuso un cuarto intermedio hasta mañana, para dar continuidad a la audiencia preliminar.
Bebé denunciado como desaparecido fue hallado en la casa de los acusados
La investigación se inició el 29 de mayo del año pasado, cuando un familiar de la madre de la criatura denunció la desaparición del niño. Según la denuncia, la mujer se fue a dar a luz al Hospital Barrio Obrero, pero regresó sin el bebé.
De la investigación realizada por la fiscala Fátima Girala se conoció que el 17 de mayo la madre, una joven adicta, dio a luz a un niño, que salió de alta el 29 del mismo mes.
El relato de la trabajadora social del nosocomio revela que Martínez se presentó durante la internación de la mujer como “familiar político” y tras interiorizarse del estado del niño, incluso dejó su número celular.
Esta fue la pista tomada por la fiscala Girala para llegar al profesional, pues la línea pertenecía a uno de los sanatorios en los que Martínez trabaja y que informó, ante consulta de la Fiscalía, a quién estaba asignado el número.
Identificado el sospechoso, la Fiscalía allanó la vivienda del mismo en Asunción, pero él ya se había mudado.
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Recién en tres meses después la Fiscalía pudo ubicar al galeno, que para entonces se encontraba viviendo en un edificio ubiicado en la ruta Luque- San Bernardino. En un allanamiento realizado el 18 de agosto de 2024 al departamento ubicado en el mencionado edificio, una comitiva encabezada por la fiscala Girala rescató al niño.
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Audiencia preliminar prosigue con exposición de acusados por supuesto caso de “vientre de alquiler”
Recordemos que cuando fueron convocados por el Ministerio Público para dar su versión de los hechos, ambos procesados decidieron abstenerse de prestar declaración indagatoria.
Mañana, los acusados tendrán oportunidad de exponer su postura y posteriormente, la magistrada resolverá si dispone o no la apertura de la causa a juicio oral y público tal como solicita la Fiscalía.
El Código Penal, en su artículo 222, prevé las siguientes sanciones por el delito de violación de las reglas de adopción::
- 1º El titular de la patria potestad que, eludiendo los procedimientos legales para la adopción o colocación familiar y con el fin de establecer una relación análoga a la filiación, entregara su niño a otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa. Con la misma pena será castigado el que en estas condiciones recibiera al niño.
- 2º El que intermediara en la entrega o recepción descrita en el inciso anterior, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. Cuando el autor realizara el hecho con el fin de obtener un beneficio económico, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta cinco años.