El imputado, de profesión abogado, es padre biológico de la víctima de seis años y hermano de una fiscala que cumple funciones en la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Guardaba prisión preventiva en la Penitenciaría Militar de Viñas Cue y ahora es beneficiado con el arresto domiciliario.
Para este lunes 28 de abril fue fijada su comparecencia para aceptar las condiciones impuestas por la jueza Carmen Román, quien ordenó el traslado bajo segura custodia del procesado hasta su domicilio.
El imputado también cuenta con prohibición de comunicación con la víctima.
El caso se dio a conocer cuando la víctima comentó a su madre y su niñera. Se realizaron las denuncias por los canales correspondientes, así como la asistencia al menor de edad y su entorno.
El imputado guardó reclusión en la Cárcel de Tacumbú, desde donde fue trasladado hasta la Prisión Militar de Viñas Cue argumentando que su vida corría peligro por el cargo que su hermana ocupa en el Ministerio Público.
Finalmente, este viernes, la mencionada jueza lo privilegia con el arresto domiciliario, echando por tierra el hipócrita mensaje que emiten desde la Fiscalía y otras instituciones de seguridad y niñez del gobierno de Santiago Peña: “Con los niños, no”.