La Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay emitió un comunicado exigiendo el esclarecimiento de los feminicidios cometidos contra mujeres de los pueblos originarios, que en los últimos años, han sido víctimas de violentos asesinatos por motivos de género, así como también de desapariciones, trata de personas y formas contemporáneas de esclavitud.
Tan solo en abril de este año, fueron asesinadas dos nativas: Valeriana Arce, de 13 años, y Celina Martínez Ojeda, de 20 años.
Valeriana pertenecía a la comunidad Nivaclé de Santa Teresita, del departamento de Boquerón, y Celina era del pueblo Mbya Guaraní.
Lo más doloroso para las mujeres indígenas organizadas es que estos crímenes ocurren y no hay ninguna investigación por parte de las instituciones que deberían proteger a este grupo de la población, incluso antes de que sea vean en situación de peligro.
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Nativas enfrentan riesgo desproporcionado
Reclamaron que ante la vista de las autoridades, las mujeres y las niñas indígenas corren un riesgo desproporcionado de sufrir violaciones, acoso, asesinatos y femicidios por motivos de género.
Así también, resaltaron la ocurrencia frecuente de desapariciones, trata de personas, formas contemporáneas de esclavitud, explotación de la prostitución de las mujeres y niñas, servidumbre sexual, y otros abusos.
Comité destaca en particular la gravedad de la discriminación y la violencia de género contra las mujeres indígenas y las niñas con discapacidad que viven en instituciones, en las que en teoría deberían estar totalmente resguardadas.
Les recordaron a las autoridades que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Recomendación general 39 sobre derechos de las mujeres y niñas indígenas, obligan a los Estados a tomar medidas para la protección de las niñas y mujeres vulnerables.
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No permitirán que crímenes sean solo números
Resaltaron que ninguno de los crímenes contra mujeres en los últimos años fueron esclarecidos, y advirtieron que no permitirán que los últimos casos de Valeriana y Celina, se conviertan en un número más de las estadísticas.
Exigen a la Fiscalía General del Estado, mayor celeridad para dar con los responsables directos e indirectos de la muerte de estas víctimas, e informan que en las comunidades se habla de una red no indígena de captación de niñas indígenas con fines de explotación sexual.
Al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) le piden que cumpla con su función de proteger la niñez y a la adolescencia indígena, siguiendo al pie de la letra sus funciones establecidas en la Ley Nº 5777.
Por otra parte, a la Policía Nacional le exigen una rápida respuesta ante situaciones que afectan a niñas y mujeres indígenas.
En tanto, piden la instalación de la Unidad Especializada en Trata de Personas en la zona del Chaco.
A las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) les piden que activen redes con comunidades para proteger a la niñez indígena.
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“No tendrán el silencio de los pueblos”
Advierten a las autoridades responsables que no tendrán el silencio de los pueblos originarios para que se siga asesinando impunemente a niñas y mujeres indígenas.
El fiscal Lucrecio Cabrera, investigador del asesinato de Valeriana, dijo a los medios de prensa que se presume que la menor fue abusada.
Entre los años 2018 y 2025, fueron asesinadas por ser mujeres:
2018: Niña indígena de 11 años de la comunidad ayoreo, Carmelo Peralta (Alto Paraguay). Fue violada y luego asesinada. El principal sospechoso es un hombre de la misma comunidad, que fue retenido por sus pares.
2018: Adolescente Indígena de 14 años de Capitán Bado (Amambay). Su cuerpo fue encontrado en un maizal. La investigación sostiene que fue emboscada, abusada y luego asesinada por un grupo de hombres. No hubo detenidos.
2020: Francisca Araújo Cáceres de 12 años, perteneciente a la etnia Mbya Guaraní y oriunda de Curuguaty (Canindeyú). Su cuerpo fue hallado en una mochila en las cercanías de la terminal de ómnibus de Asunción. Es uno de los casos con condena.
2020: Marisel, de 12 años, de la etnia Guaraní, domiciliada en la comunidad indígena Mandiyú, distrito de Pirapó.
Su cuerpo fue encontrado el lunes 29 de junio en un maizal, de comunidad indígena Arroyo Corá, distrito de Capitán Meza (Itapúa). Falleció por hemorragia a consecuencia de una violación.
2021: Niña indígena de 10 años, nativa del Pueblo Sawhoyamaxa, residente en Naranjito (San Pedro). Fue asesinada al lado de un arroyo y su cuerpo fue hallado en la orilla. Murió por asfixia.
2022: Dalila López Yegros, de 13 años, del pueblo Avá Guaraní, residente en Pindoty Porâ, distrito de Corpus Christi (Canindeyú). Fue asesinada por un hombre no indígena de 26 años. Lo capturaron.
2022: Niña de Pedro Juan Caballero (Amambay), edad desconocida. Fue asesinada y arrojada a un sojal. Hasta al fecha no se pudo averiguar su identidad, y tampoco se identificó al autor. Tampoco se saben los detalles del crimen.
2023: Micaela, de 15 años, y Fany Ferreira Montero, de edad desconocida, ambas adolescentes del Pueblo Enxeth de Cacique Mayeto. Sus cuerpos fueron arrojados desde una camioneta en una cuneta. Mediante un circuito cerrado se llegó al hombre que intentaba deshacerse de los cuerpos.
El implicado argumentó que se ahogaron en el tajamar de la propiedad que él cuidaba, pero los familiares de las víctimas y organizaciones indígenas dicen que no tiene sentido el argumento, y que el hombre era amigo en redes sociales de una de las asesinadas
2024: Mariela Gómez, de 15 años, residente en Pedro Juan Caballero (Amambay). Joven indígena asesinada a puñaladas en una comunidad. El principal sospechoso es un hombre de 32 años.
2025: Valeriana, de 13 años, oriunda de Santa Teresita, Chaco. Adolescente del Pueblo Nivaclé de la comunidad Santa Teresita, Mariscal Estigarribia. Se presume un feminicidio porque hay indicios de abuso sexual.
2025: Celina, de 20 años; fijaba domicilio en la colonia Yguazú de Alto Paraná, y era de la parcialidad indígena Mbya Guaraní. Fue hallada muerta con varias heridas de arma blanca en el cuerpo en una plantación del distrito de Abaí (Caazapá). El sospechoso es su pareja, un suboficial de Policía.
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