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El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo del ministro Tadeo Rojas, quien es también tesorero del Partido Colorado, presentó ayer su descargo a la Contraloría General de la República (CGR), respecto al informe sobre la provisión de almuerzo escolar en más de 300 escuelas del país, en el cual constan graves irregularidades. Es en el marco del programa Hambre Cero, plan estrella del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.
La provisión incompleta de alimentos, que dejó a cientos de niños sin almuerzo escolar entre noviembre del 2024 y marzo del 2025, es la falta más grave de las empresas contratadas para proveer el servicio, según el reporte de la CGR, entregado al Congreso Nacional el viernes 11 de abril.
A raíz de este documento, una comisión del Senado convocó al contralor general, Camilo Benítez Aldana, a una audiencia para profundizar todos los hallazgos. Será el próximo martes 29 de abril en la sede parlamentaria en Asunción.
La Contraloría recomienda a las entidades administradoras del contrato con las proveedoras, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social y 15 gobernadores. que tomen medidas, como multas administrativas, y, en caso de considerarse necesario, rescindir contratos por las altas faltas encontradas en todo el país.
Lo que dice Desarrollo Social ante irregularidades en Hambre Cero
El descargo del MDS ante la Contraloría se relaciona específicamente a las irregularidades encontradas en la zona en la cual el ministerio es el encargado de proveer la alimentación escolar, o sea, Asunción, Central y Presidente Hayes.
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“En los casos de retrasos en la entrega o falta de entrega, la misma es un serio incumplimiento contractual, el cual tiene una sanción monetaria. Desde el MDS se ha realizado las sanciones a las empresas proveedoras que no han cumplido con sus obligaciones contractuales”, asegura el descargo, firmado por el director general de Administración y Finanzas, Carlos Álvarez Penayo.
Sin embargo, el viceministro de Finanzas del MDS, Raúl Ramírez, aclaró que cuando hablan de sanciones realizadas, se refieren a multas aplicadas contra las proveedoras incluso antes de conocer el informe de la Contraloría, y no precisamente a raíz de los graves hallazgos. A continuación, una de las notas enviadas a la CGR, para demostrar que ya advirtieron a proveedoras:
“En el descargo que hacemos, en el cual ellos dicen eso (recomiendan sanciones) nosotros nada más adjuntamos notas en las que demostramos que ya estamos haciendo luego lo que ellos nos están diciendo que tenemos que hacer. Es nada más una evidencia de que enviamos, para demostrar que les reclamamos a las empresas que deben cumplir con el contrato y el Pliego de Bases”, agregó Ramírez.
Hallazgos de Contraloría no son para sanciones, sí para amonestaciones, aseguran
Si bien en el Ministerio de Desarrollo Social admiten falencias en la provisión de alimentos en el marco de Hambre Cero, aseguran que no es para sanciones graves, al menos, en Asunción, Central y Presidente Hayes.
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El viceministro Raúl Ramírez dijo que la fiscalización de la Contraloría se dio al inicio de clases, entre fines de febrero y las primeras semanas de marzo. “Entonces en algunas instituciones fueron llegando más tarde (con el almuerzo) o por cuestiones de cantidad de alumnos no se ajustaba todavía, pero no existe ningún lugar donde el almuerzo no se haya entregado en su totalidad”, agregó.
Insistió en afirmar que para Desarrollo Social, lo encontrado por la Contraloría todavía se ubica dentro de un “rango legal” y que “no es todavía para una sanción monetaria a las empresas, sí para amonestación”.
Empresas proveedoras
Una de las proveedoras en cuyo servicio de provisión del almuerzo escolar en Asunción y Central hubo irregularidades según la Contraloría, es Ladero Paraguayo, cuyos representantes son Cándido Da Silva Báez, Derlis Espínola, Hugo Cáceres Florentín, Luis Jean Pujol Schembori y María Cristina Rivas Jiménez. Su contrato es de G. 426.729.334.270 (US$ 54,7 millones).
La segunda proveedora en cuyo servicio la Contraloría encontró irregularidades es Comepar, con un contrato de G. 2 billones (US$ 250 millones). Sus representantes son Javier Antolín Genez y Yane Wanzeller.