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En conversación con ABC Cardinal este jueves, la jueza Lici Sánchez comentó sobre la situación en torno al gran número de amparos judiciales para la compra de medicamentos que jueces como ella tramitan y los problemas legales que estos recursos jurídicos pueden plantear.
Ante la falta de medicamentos en el sistema público de salud, muchos pacientes cuyos tratamientos requieren fármacos de alto costo recurren a amparos judiciales para que la Justicia ordene al Estado la compra.
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La jueza Sánchez indicó que muchos juzgados, incluyendo el suyo, reciben y tramitan hasta cuatro amparos para la compra de medicamentos por semana.
“En nombre de preservar la vida me estoy convirtiendo en una ordenadora de gastos, estoy ordenando la compra, el pago de medicamentos de muy alto costo”, señaló.
Sobrepasando atribuciones
Indicó que, como jueza, no tiene la competencia de cuestionar el diagnóstico y tratamiento recomendado por un médico, sino que se ve obligada a “arbitrar el mecanismo urgente de provisión” de los medicamentos y ordenar su compra si el Ministerio de Salud dice no contar con los mismos.
Además, señaló que en muchos casos los medicamentos recetados no están autorizados en Paraguay, por lo que en la práctica un juez que ordena su compra con base en un amparo judicial está sobrepasando las atribuciones de instituciones como la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
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Comentó además que en muchos casos las compras requeridas en los amparos pueden superar el tope de compras directas por 200 millones de guaraníes establecido por la ley de Contrataciones Públicas.
“Un solo paciente puede superar los 2.000 millones de guaraníes”, afirmó.