Cargando...
Víctor Nilo Rodríguez Acosta, actualmente suspendido en sus funciones de juez de Paz de La Recoleta y enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se presentó esta mañana para la audiencia de imposición de medidas realizada ante el juzgado penal de Garantías de delitos económicos del segundo turno, a cargo de Rodrigo Estigarribia. El letrado está procesado en una de las cuatro causas abiertas como derivación de la denuncia contra el esquema que quedó conocido como la “mafia de los pagarés”.
El abogado Secundino Méndez, defensor de Rodríguez, explicó que presentó un inmueble valuado en más de 1.200 millones de guaraníes, propiedad de la madre de su representado, para cubrir la eventual fianza establecida por el juzgado.
Además de la fianza real, en ocasión de presentar la imputación, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero había solicitado medidas alternativas a la prisión como caución real, prohibición de salir del país y obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado.
“Seguimos sosteniendo que la imputación es genérica, pero discutiremos esto en el momento procesal oportuno”, explicó el abogado Secundino Méndez en declaraciones a la prensa.
Lea más: Mafia de los pagarés: Fiscalía imputa a cuatro jueces de paz, funcionarios y abogados
Audiencia para jueza de Paz de La Catedral, suspendida
Para hoy también estaba prevista la audiencia preliminar de la juez de Paz de La Encarnación, Analía Cibils Miñarro, ante el mismo juzgado. Sin embargo, esta diligencia fue suspendida con motivo de una apelación presentada contra la misma, contra la admisión de la imputación.
Por otro lado, el juez Osmar Legal, interino de su colega Humberto Otazú, rechazó un incidente de prejudicialidad promovido por la defensa del funcionario Oscar Daniel Frutos Meza, oficial de justicia del juzgado de paz de San Roque, cuya titular era Liliana González de Bristot, quien renunció a su cargo de juez de paz tras su enjuiciamiento y suspensión sin goce de sueldo.
Lea más: Mafia de los pagarés”: tras enjuiciamiento y suspensión, jueza de paz presentó renuncia
Hay un total de 63 personas procesadas en las cuatro causas abiertas con relación al esquema denunciado en redes sociales por el abogado Jorge Rolón Luna quien posteriormente se ratificó en su denuncia ante el Ministerio Público.
Los escritos de imputación contienen un pormenorizado relato del procedimiento seguido en los juzgados de Paz para el prevaricato, la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de estos documentos, que salpica a jueces de Paz -además de los tres citados anteriormente, también está imputada la suspendida jueza de Paz de La Catedral, Nathalia Garcete- así como actuarios, ujieres notificadores y abogados particulares.
Los agentes del Ministerio Público analizaron más de 2.500 expedientes que en el mes de febrero incautaron de cinco juzgados de Paz, en los que detectaron notificaciones realizadas en el marco de expedientes de preparación de acción ejecutiva así como de juicios ejecutivos, que se llevaron a cabo en forma simultánea, en el mismo día y hora u horas cercanas, y en puntos muy distantes.
En otros casos la Fiscalía descubrió que dieron trámite a acciones preparatorias de juicios ejecutivos sin que estén agregados al expediente los pagarés correspondientes.