La activista en derechos humanos y abogada Kimberly Ayala presentó ayer una acción de inconstitucionalidad para que ella y otras dos personas trans, Francesca Yegros y Camila Denis, puedan cambiar sus nombres en sus documentos de identidad.
Explicó que la acción busca declarar inconstitucionales las dos sentencias dictadas en primera y segunda instancia, en el marco del juicio de rectificación de nombres. Contó que este juicio se inició en el 2021, en el Juzgado de lo Civil y Comercial, donde el pedido fue rechazado, y lo mismo ocurrió en el Tribunal de Apelaciones.
Detalló que la Fiscalía basa su argumentación en el artículo 56 de la ley N° 1.266/87 del Registro del Estado Civil, que establece que “el Oficial del Registro del Estado Civil NO inscribirá nombres ridículos, o que puedan inducir a error sobre el sexo”.
Resaltó que la Fiscalía pone esa ley por debajo de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, pese a ser de menor rango según la prelación de las leyes. Destacó que la Carta Magna establece el derecho a la libre expresión, a la personalidad y al derecho de construir la identidad.
Además, recordó que Paraguay firmó el Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los estados partes deben facilitar el camino para que las personas trans pueden cambiar su nombre vía judicial o administrativa.
“El Juzgado de Primera Instancia hizo caso omiso a esa opinión consultiva nombrada en la fundamentación, es una norma de carácter internacional”, enfatizó.
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No piden cambiar de sexo, solo de nombre
La abogada hizo énfasis en que ellas no piden cambiar de sexo, sino solo de nombres. Resaltó que ese es un derecho que tienen todos los ciudadanos, pero se le niega a la comunidad trans poder cambiar su identidad para elegir nombres con los cuales se identifican.
“Es un derecho que le dan a todas las personas heterosexuales y solamente tienen con esta comunidad por discriminación, idiosincrasia y machismo, y tenemos un gobierno antiderechos de todas las minorías”, lamentó la profesional.
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Un derecho históricamente negado a la comunidad trans
Se estima que hay más de 1.500 personas trans en Paraguay. Desde hace años, grupos activistas encabezan la campaña “Yo soy real, mi nombre debe ser legal”, pero no obtienen respuestas en la Justicia.
La abogada Ayala recordó el caso de Yren Rotela y Mariana Sepúlpeda, que a pesar de ganar en Primera Instancia nunca pudieron acceder al cambio de nombre en sus documentos. Ellas iniciaron su proceso legal hace más de ocho años y ya recurrieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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