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Con el voto en mayoría de los camaristas Andrea Cristina Vera Aldana y Cristóbal Ramón Sánchez Díaz el Tribunal de Apelación Penal, cuarta sala, declaró que la causa por presunta lesión de confianza contra el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Ing. Carlos Dionisio Heisele Sosa y otros dos procesados, prescribió el 2 de agosto de 2023.
La prescripción se da en atención a que el último cheque fue entregado el 2 de agosto de 2013; por lo tanto el 2 de agosto de 2023 operó la prescripción al haberse duplicado el periodo legal del tipo penal de lesión de confianza, que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de cárcel. En consecuencia el tribunal de alzada declaró el sobreseimiento definitivo de Carlos Heisele y los demás procesados; René Adilio Aranda Cáceres y Ángel Javier Galeano Barrientos.
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Con el voto en mayoría de los camaristas Andrea Vera Aldana (preopinante) y Cristóbal Sánchez queda en el “opareí” la causa por presunta lesión de confianza, en la que según la acusación presentada por el fiscal Leonardi Guerrero, bajo la administración de Heisele en la ANDE se otorgaron indemnizaciones irregulares a 17 propietarios de inmuebles ubicados en la franja de dominio de la Línea 500 kV, que une la Itaipú con Presidente Hayes, ocasionando al ente estatal un perjuicio de G. 9.451 millones.
El Tribunal de Apelaciones hizo lugar a los recursos planteados por el Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de Carlos Heisele; y el Abg. Ricardo Preda, defensor de René Aranda Cáceres y Ángel Galeano Barrientos; contra el Auto Interlocutorio N° 120 del 19 de febrero de 2024, por el cual la jueza de Garantías Cynthia Lovera resolvió no hacer lugar al incidente de la prescripción de la sanción penal, que habían planteado las defensas.
Postura contra prescripción de millonario desvío en la Ande
En su contestación al recurso de apelación el fiscal Leonardi Guerrero afirmó que la prescripción no ha operado aún, ya que no ha transcurrido el tiempo que exige la prescripción simple, ni por el doble del plazo. Con este argumento solicitó al tribunal de alzada que rechazó el planteamiento de las defensas de los tres procesados.
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El agente del Ministerio Público resaltó que en la presente causa se ha dado suspensión de plazo conforme al Art. 103 del Código Penal, en atención a que el acusado Carlos Heisele presentó una acción de inconstitucionalidad, sustanciada por A.I. 631 del 31 de mayo del 2022, que resolvió suspender los efectos del A.I. 1513 del 13 de diciembre de 2018 dictado por el Juzgado de Garantías Nro. 2, y el A.I. 129 de fecha 10 de junio del 2020, dictado por el Tribunal de Apelaciones, cuarta sala.
Guerrero puntualiza que como consecuencia de la acción señalada, recayó en caducidad de instancia declarada por A.I. 1007 del 6 de junio del 2023; con lo que se deduce que la causa en relación a Carlos Heisele se hallaba en la Sala Constitucional por un tiempo de 1 año y 1 mes y 6 días.
“En la causa habiendo existido acto interruptivo concreto y el tiempo de suspensión de plazo para que opere la prescripción, posterior a la presentación de la acusación de fecha 12 de diciembre de 2018, aún no se ha dado la prescripción simple del hecho punible por el curso del tiempo según prevé el Art. 102 Inc. 1) numeral 3), por efectos de los Artículos 103 y 104 del Código Penal”, indicó el fiscal Leonardi Guerrero en su contestación.
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Proceso trabado por incidentes de las defensas
Carlos Heisele, René Aranda Cáceres y Ángel Galeano Barrientos fueron imputados el 9 de febrero de 2017 por los entonces fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), José Dos Santos y Martín Cabrera. Luego, el 24 de agosto de ese mismo año la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional de los procesados.
Seguidamente, el 12 de diciembre de 2018 el Ministerio Público solicitó la reapertura de la causa y al mismo tiempo presentó acusación contra Heisele, Aranda y Galeano. La jueza Alicia Pedrozo admitió el pedido y resolvió reabrir la causa el 13 de diciembre de ese año. Sin embargo, recién el 10 de junio de 2020 la Cámara de Apelaciones confirmó la resolución de Pedrozo.
El caso estuvo trabado por incidentes de las defensas e incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia que es donde se destrabó para llegar a su resolución y elevación a juicio, posteriormente.