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La comuna de Villarrica atraviesa una crisis de combustible que ha paralizado el parque automotor de la Municipalidad, afectando los trabajos de limpieza y obras viales. Detrás de esta emergencia se encuentra un llamativo historial de manejo irregular de fondos destinados a la compra de carburantes.
El detonante de la crisis fue la negativa de la Junta Municipal a la renovación de un convenio con la estatal Petropar, alegando falta de transparencia y manejo turbio de los fondos destinados para este fin. La bancada de la ANR, que es mayoría en el cuerpo colegiado, frenó al intendente Magín Benítez en su intención de renovar del contrato que representa una vía para la adquisición de combustible sin necesidad de un llamado a licitación.
Los ediles insistieron en que el jefe comunal nunca entregó los documentos que garanticen la utilización transparente de los fondos y esta situación fue exacerbada por un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que la Municipalidad de Villarrica no presentó documentación respaldatoria por más de G. 253 millones en concepto de combustible durante el ejercicio fiscal 2022.
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Según el dictamen, el intendente Magín Benítez (PLRA) no entregó actas de remisión ni recepción del combustible pagado, lo que impide verificar si el producto fue efectivamente entregado y utilizado en los vehículos municipales.
La Contraloría identificó más de 30 irregularidades administrativas en dicha fiscalización, incluyendo pagos realizados desde la caja chica y la ausencia total de registros de órdenes de trabajo de los vehículos supuestamente abastecidos.
El informe también cuestiona que todas las cargas de combustible se hayan hecho sin utilizar las tarjetas de banda magnética exigidas por el Decreto Presidencial que reguló el presupuesto del 2022, lo que facilitó un manejo descontrolado de los recursos. Actualmente, el uso de estas tarjetas es uno de los motivos por los que el ejecutivo municipal y los miembros liberales de la Junta defienden la renovación del convenio con Petropar.
En respuesta al informe y otros supuestos indicios de corrupción, la bancada colorada de la Junta Municipal -siete de los doce concejales- rechazó la renovación del contrato con Petropar y exigió una licitación pública para garantizar mayor transparencia en la provisión de carburantes.
El intendente Benítez vetó esa decisión al filo del plazo legal, generando más tensión con los ediles. Mientras tanto, los vehículos y maquinarias municipales quedaron sin combustible y se encuentran parados frente al Palacete Municipal.
La contratación directa ha sido una constante en la gestión de Benítez. En 2022 se adjudicó a la firma Elpa SA, en 2023 a una empresa unipersonal y en 2024 a Petropar, todos mediante convenios sin concurso de ofertas.
A esta controversia se suman denuncias de supuestas cargas fantasmas y uso indebido del combustible por parte del intendente y personas cercanas, entre ellas su madre, la diputada María Constancia Benítez (PLRA).
Los concejales Diego Bogado y Wilfrido Portillo (ANR) aseguran que funcionarios municipales denunciaron haber recibido tarjetas flota para cargar solo una parte del monto autorizado, debiendo entregar el resto en efectivo al jefe comunal. Además, hay supuestas denuncias de personas que figuran en los registros de cargas sin haber recibido el combustible.
Intendente rechaza acusaciones
Por su parte, Benítez rechaza todas las acusaciones y asegura que los informes ya fueron entregados. Esta mañana acudió al despacho del presidente de la junta, Ovidio Cuevas, para la entrega de biblioratos con los registros y las facturas de las estaciones de servicio donde se realizaron las cargas. Tras esta acción, nuevamente exhortó a los concejales a presentar pruebas concretas si tienen fundamentos legales para acusarlo.
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