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En sesión ordinaria, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió por unanimidad despojar de sus fueros al juez de Paz del distrito de La Catedral, 1° Turno, Gustavo Enmanuel Villalba Báez. Esto en el marco del pedido realizado por el Ministerio Público y que fue comunicado por el juez penal de garantías Humberto Otazú, en la causa “la mafia de los pagarés”.
De la misma forma, resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento al magistrado en relación a las causas abiertas en contra del magistrado, por mal desempeño de funciones y por la comisión de hechos punibles (prevaricato). En ese sentido, se resolvió la acumula de la segunda a la primera y, la suspensión del proceso hasta tanto haya resolución en la causa penal.
Los miembros del Jurado también resolvieron solicitar, vía oficio, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la suspensión del magistrado sin goce de sueldo. Si bien ambos casos fueron analizados y resueltos en forma individual, se resolvió elevar un único pedido y que se aplique para ambos casos, ya que las causas fueron acumuladas.
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El Jurado sesionó en forma presencial con el presidente y ministro de la Corte César Garay Zuccolillo, la vicepresidenta 1° Alicia Pucheta, la incorporación tras su juramento del ministro Alberto Martínez Simón, en reemplazo del ministro Manuel Ramírez que solicitó permiso por motivo de viaje al exterior; el senador Mario Varela y el consejero Enrique Berni; mientras que en forma virtual estuvo el diputado Derlis Maidana, quien al momento de tratar el enjuiciamiento de Villalba se inhibió y en su lugar opinó y votó Del Pilar Vázquez.
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Conductas de juez “podría no ser casos aislados”, según el JEM
El presidente del Jurado, César Garay Zuccolillo, expuso los datos relacionados a la auditoría de gestión hecha al juez de Paz de la Catedral, 1° Turno, Gustavo Enmanuel Villalba Báez.
Entre los hechos resaltados están el “no haber proveído presentaciones que se encontraban en despacho, con plazo presumiblemente vencido”, “haber agregado o permitido que sean agregadas a los expedientes judiciales, resoluciones designadas por él o su actuario judicial, sin número, sin fecha”, “no haber proveído presentaciones de las partes que guardaban relación con el dictado de resoluciones”, “Haber dictado providencias que ordenan la expedición de pagos y extracción de fondos” y “permitir que funcionarios a su cargo inobserven disposiciones normativas, legales y administrativas”.
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Tras detallar los hechos, refirió el ministro César Garay que de la auditoría se desprenden que “del primero, segundo, tercero y cuarto hecho, arrojan presuntas anomalías del juez en cuantiosos expedientes a saber” y por ende, “a prima facie se tiene que las características de afectación y gravedad, interés público y notoriedad,se hallan reunidos en los hechos endilgados a Villalba”.
Además, “el derrotero de documentos analizados, hace presumir prima facie, que conductas irregulares y reiterativas podrían no ser casos aislados, es por ello que de ser comprobados no serían graves sino gravísimos, afrentas a la magistratrua que afectan directamente al justiciable y en particular y a la sociedad en genera, cuya seguridad jurídica se ve afectada y, en consecuencia, la existencia institucional de la república”.
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“Las informaciones con respecto a la mafia de los pagarés han puesto en duda la credibilidad y confianza de la ciudadanía, en el sistema de justicia por lo que es importante que quienes ejercen la magistratura no conculquen las normativas y mantengan impertérrita la seguridad jurídica”, sostuvo al final Garay y, en base a lo expuesto propuso el enjuiciamiento y suspensión del juez de Paz Villalba, por mal desempeño de funciones.
Juez conocía falsedad de documentos, según el JEM
En su turno, la vicepresidenta 1° Alicia Pucheta expuso que para los fiscales que investigan el caso conocido como “la mafia de los pagarés”, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Gurrero, imputaron por la supuesta comisiónd e prevaricato y hechos punibles contra la prueba documental contra el juez Gustavo Villalba.
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De acuerdo con el relato hecho por Pucheta, a Gustavo Villalba “se le imputa el cumplimiento en apariencia con los actos procesales, los que permitieron avanzar las etapas en juicios ejecutivos, sin anoticiamiento a los demandados, a quienes se les negó reconocimiento de firmas en los documentos, a ejercer la defensa, lo que indicaría una manifiesta imparcialidad”.
“La violación al derecho se había dado al falsear las notificaciones. Además, habría actuado con el conocimiento de que las notificaciones no eran diligenciadas por los ujieres, quienes informaban falsamente haberlas diligenciado”, refirió en su lectura Alicia Pucheta.
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A todo esto se suma que, Villalba actuaba “con el conocimiento de que se apartaba de la ley, pero que favorecía a la otra parte. Estas actuaciones permiten inferir la existencia de la comisión de hechos punibles”.