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La Defensoría del Pueblo, representada por Rafael Ávila, había presentado la semana pasada una nota ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mediante el escrito solicitó la suspensión de todos los embargos así como la nulidad de los juicios ejecutivos tramitados ante los Juzgados de Paz de La Catedral, La Encarnación, La Recoleta y San Roque, e investigados en el caso “la mafia de los pagarés”.
Este martes, la exsenadora y abogada Kattya González presentó un escrito en el Poder Judicial, para que se adjunte con el pedido de la Defensoría del Pueblo. En el documento sugiere una serie de acciones que puede realizar la institución ante otras entidades del Estado.
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En ese sentido se detalla en el escrito que “la Defensoría del Pueblo posee habilitación constitucional y legal y por ende la legitimación activa para la promoción de acciones en defensa de los derechos humanos y fidusos/comunitarios de las víctimas de la mafia de los pagarés”.
Esto, siempre según la nota presentada, cobra mayor relevancia porque “estamos ante un esquema criminal donde se encuentran asociados jueces, funcionarios públicos, empresas y abogados”, “las acciones cometidas por el Poder Judicial no son aisladas”.
Se refiere además que en varias ocasiones la Corte ha suspendido plazos procesales, por motivos de feriados, investigaciones fiscales, traslados de jueces e incluso aniversario de fundación. De esto se desprende que la máxima autoridad judicial “tiene atribuciones para dictar todos los actos necesarios para la mejor organización y eficiencia en la administración de justicia”.
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El documento presentado también lo firman: el abogado Jorge Rolón Luna, uno de los primeros denunciantes del esquema; los senadores Rafael Filizzola, Yolanda Paredes, Ignacio Iramain, Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, y los diputados Rocío Vallejos, Rubén Benítez y Johanna Ortega.
Acciones mínimas sugeridas para desbaratar esquema
En el escrito se menciona que el defensor del Pueblo debe realizar acciones mínimas, entre ellas solicitudes ante la Corte, tales como copias íntegras de las auditorías hechas; la suspensión de los plazos procesales de las causas judiciales por pagarés hasta que sean revisados y se constaten que hayan sido notificados y que no exista indefensión; y suspensión del efecto de los embargos.
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Entre las acciones a realizar ante el Poder Legislativo: plantear un proyecto de ley que prohíba los embargos preventivos cuando la parte demandada se encuentra en indefensión; plantear propuestas legislativas que establezcan la obligatoriedad de la notificación y aquiescencia del deudor como requisitos ineludibles en todos los casos para la validez de cesiones de créditos o deudas.
También debe realizar acciones ante la Fiscalía, exigir que se castiguen las responsabilidades penales de todos los participantes de estos esquemas de estafas masivas; ante el Banco Central del Paraguay (BCP), solicitar informes sobre los mecanismos de control ejercidos sobre las empresas de cobranzas y solicitar listado completo de firmas de cobranzas, directivos, accionistas y abogados con poder para accionar en tribunales.
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Igualmente, ante el Ministerio de la Defensa Pública, solicitaron acciones como la de destinar profesionales abogados públicos en todas las circunscripciones judiciales del país para intervenir en las causas de las víctimas, entre otras medidas más.
El caso de “la mafia de los pagarés”
La investigación relacionada a este caso se inició en diciembre de 2024 y prosiguió en enero de 2025, a través de comunicaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Ministerio Público, así como por denuncias hechas por abogados y por víctimas, que exponían irregularidades supuestamente cometidas en los Juzgados de Paz, en aparente confabulación con empresas de cobranzas teniendo como instrumentos hojas de pagarés.
Una de las denuncias cayó en una fiscalía barrial, sin embargo, el caso posteriormente fue reasignado a un equipo fiscal conformado por los agentes Belinda Bobadilla y Jorge Arce, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y Leonardi Guerrero, de la Sede 1 de la Fiscalía. Este equipo investigador realizó una serie de diligencias primarias.
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Posteriormente, en febrero pasado, se realizaron allanamientos simultáneos en los juzgados de Paz de los distritos de La Recoleta, La Encarnación, La Catedral 2º Turno y San Roque, de donde se incautaron en total 2.700 expedientes, además de otro tipo de documentos. Todos estos elementos fueron analizados y derivó en las imputaciones presentadas el pasado 21 de marzo, por los hechos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad de uso.
A través del análisis minucioso a los expedientes incautados, la Fiscalía pudo determinar el modus operandi consistente en una suerte de acuerdo entre jueces de Paz, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y abogados demandantes, representantes de diferentes empresas de cobranzas. En el marco de este pacto, se realizaban procesos de preparación de acción ejecutiva.
El aparente fin de todas esas diligencias era, según la Fiscalía, llevar adelante los juicios y llegar al momento de los descuentos compulsivos de salarios a través de embargos. Esto funcionaba así mediante los ujieres que en sus informes consignaban las notificaciones a los demandados, cuando en realidad no cumplían con esa labor.