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Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero imputaron al juez de Paz de La Catedral 1° Turno, Gustavo Enmanuel Villalba Báez, por los hechos de prevaricato, producción inmediata a de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Esto en el marco de la investigación conocida como “la mafia de los pagarés”.
Al igual que Villalba, también fueron imputados el actuario judicial Aaron Itamar Bernabé Valdéz Cáceres (31), así como los ujieres Osvaldo Insfrán Vera (27) y Jorge René Montiel Montiel (56). También fue incluido en la investigación penal el abogado Alejandro Valiente Martínez, quien realizó actuaciones en representación de la firma Credisolución SAECA y el oficial de justicia Ronald Iván Navarro Pérez (33), por los mismos hechos punibles citados.
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Para el caso del magistrado, los agentes del Ministerio Público solicitaron al juzgado comunique al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a fin de que esa institución inicie el procedimiento corresponeidente para retirarle los fueros y así, pueda ser sometido al proceso penal.
Por otra parte, los investigadores solicitaron la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para cada uno de los imputados. Entre las reglas solicitadas por el Ministerio Público se citan la prohibición de salir del país, presentarse cada mes al juzgado y la presentación de una caución real suficiente.
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Antecedentes del caso
De acuerdo con los datos expuestos en el escrito fiscal, entre 2023 y 2024, la secretaría 2 del juzgado de paz de la Catedral del 1° Turno, estuvo a cargo del actuario Aaron Valdéz. También habían prestado servicioes como ujieres Jorge Montiel, Noelia Rosmary Núñez Alvarenga, Oscar Ortiz y Osvaldo Insfrán.
En el mismo periodo de tiempo, las empresas de cobranzas, a través de abogados, promovieron acciones preparatorias de juicio ejecutivo y juicios ejecutivos con títulos de crédito que servían de base para la ejecución, consistentes en pagarés sin indicación del beneficiario.
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Ante las resoluciones resultantes de estas diligencias, los ujieres debían notificar a los deudores a fin de que estos, se presenten en los juzgados para el reconocimiento del documento y su firma. También debían presentarse para oporner excepciones. Sin embargo, los actos procesales se realizaron en una aparente legalidad, pero ellos no reflejaron la realidad, según la Fiscalía.
Juez emitió 88 resoluciones en base a supuestos datos falsos
Los hechos son descritos por la Fiscalía en cuanto a que el abogado Alejandro Valiente, tras sortear su expediente en el sistema Judisoft, habría presentado sus expedientes con numeración sucesiva o cercana ante el Juzgado. Estos salieron sorteados para el Juzgado de Paz de la Encarnación, sin embargo el profesional recusó a la jueza Analía Cibils y fueron a parar al juzgado de Villalba.
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El 21 de marzo de 2024, el abogado Valiente presentó sus expedientes en representación de Credisolución SAECa. De ese total, en 38 expedientes los datos señalan que el ujier Osvaldo Insfrán diligenció cédulas notificadoras el 30 de julio a las 15:00 en las ciudades de Lambaré, San Antonio, San Lorenzo, Luque, Asunción, Villeta, Areguá, Villa Elisa, Capiatá, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Limpio, y Pirayú.
El 29 de agosto de 2024, Valiente solicitó que se efectivice el apercibimiento y se tuvieran por reconocidas las firmas. El 5 de setiembre, el actuario Aarón Valdéz informó al juez que se cumplió el plazo y los deudores no se presentaron. En consecuencia el 9 de setiembre, el juez dictó 38 resoluciones.
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El mismo esquema se registró en los días 19, 20 y 21 de marzo de 2024, cuando el abogado Alejandro Valiente Martínez, presentó sus expedientes. De estos, en 50 expedientes se registraron notificaciones diligenciadas supuestamente en forma legal por el ujier Osvaldo Insfrán, el 29 de agosto, sin horario de diligenciamiento en las ciudades de Minga Guazú; y las otras en Benjamín Aceval, Villeta, Villa Hayes, Villa Elisa, San Lorenzo, Areguá, Itauguá, Limpio, Ñemby, Luque, Guarambaré, Mariano Roque Alonso.
En relación a esta porción de hechos, entre el 9 y 13 de setiembre del año pasado, Villalba dictó un total de 50 resoluciones. Esto en base al informe presentado por su actuario judicial, en relación a las notificaciones hechas y la no comparecencia de los afectados.
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Jueces, funcionarios judiciales y abogados, convocados para audiencias de imposición de medidas
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ya comunicó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el desafuero de los jueces de Paz de La Recoleta Víctor Rodríguez, La Encarnación Analía Cibils y La Catedral 2° Turno Nathalia Garcete. Con esto los juzgados penales podrán procesar a los citados.
El juez penal de Garantía Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, está cargo de las causas que afectan a la jueza de Paz de La Catedral del 2º Turno Nathalia Guadalupe Garcete Aquino y la ex jueza de Paz de San Roque, Liliana Mabel González de Bristot.
El magistrado citó a los procesados vinculados a la causa relacionada a Nathalia Garcete, para los días 8, 10, 14 y 15 de abril a partir de las 8:30, para llevar a cabo las audiencias de imposición de medidas. También, fijó como fecha de requerimiento conclusivo para el Ministerio Público el próximo 24 de setiembre.
En tanto que las diligencias relacionadas a los imputados de la causa contra Lilian de Bristot, se fijaron para los días 21, 22, 23, 24 y 25 de abril próximos, a partir de las 8:30.
Por su parte, el juez penal de Garantía Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia es quien entiende en las causas relacionadas a los jueces de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez Acosta y de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, y sus respectivos funcionarios.
Las audiencias de imposición de medidas en el marco de la causa contra el juez Víctor Rodríguez, se harán los días 22, 23 y 24 de abril, desde las 8:30. En tanto que las audiencias de la causa ligaa a Analía Cibils, los días 28, 29 y 30 de abril, desde las 8:30.
