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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, salió al paso de las denuncias del diputado disidente Mauricio Espínola, quien aseguró que el gobierno de Santiago Peña busca adquirir equipos de escucha telefónica con fines de espionaje político, en el marco de una supuesta ruptura con la DEA.
Rachid desmintió estas versiones y aclaró que, lejos de una conspiración, lo que existe es una carencia crítica de recursos tecnológicos. “Recibimos una institución con presupuesto cero para tecnología. No tengo forma de hacer una licitación”, expresó.
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La Senad necesita tecnología, sostiene
El ministro señaló que la inversión anunciada por el presidente Santiago Peña busca modernizar las capacidades operativas de la Senad, no solo en el área de escuchas, sino también en la adquisición de drones, radios y otros equipos para la lucha antidrogas.
“Es inconcebible que la Senad no tenga su propio aparato de escucha telefónica. Esta es una herramienta básica para enfrentar al crimen organizado, no para espiar a políticos”, afirmó.
Además, recordó que cualquier intervención de comunicaciones debe seguir un protocolo legal riguroso: debe ser solicitada por el Ministerio Público, autorizada por un juez penal de garantías y gestionada a través de las compañías telefónicas. “Todo es auditable. No se levanta una perilla y se escucha. Eso solo ocurre en las películas”, ironizó.
Rachid habla de proceso legal
Consultado sobre la supuesta empresa beneficiada con la compra de los equipos, Rachid evitó emitir opinión. Aclaró que la Senad no participa directamente en ese proceso, y que cualquier contratación deberá cumplir con los requisitos del pliego de bases y condiciones.
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Respecto a las declaraciones del diputado, el ministro dijo: “Son afirmaciones desubicadas, claramente desconoce los procedimientos. La tecnología será operada por personal especializado. No se trata de un juguete ni de un arma política”.
“No hay persecución política”
Por último, el ministro remarcó que la Senad ya no es una institución utilizada para perseguir a políticos. “Lo que queremos es combatir al crimen organizado con herramientas modernas. No hay persecución política”, concluyó.
