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Por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 118, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, autorizó la realización de la extracción de datos de un equipo DVR y así como un dispositivo USB, ambos incautados el 19 de agosto de 2024 de la casa del procesado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes (ANR), en el marco del caso “Pavo Real Py II”.
Los fiscales del caso Andrés Arriola -quien reemplazó al fiscal Osmar Segovia tras su traslado a Paraguarí- Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, habían solicitado la citada diligencia en el marco de la investigación en curso.
En tal sentido el magistrado estableció como puntos de pericia “buscar y extraer” filmaciones en el equipo, especialmente relacionadas al 19 de agosto de 2024 entre las 3:00 y las 9:00, imágenes en las que se observen o estén relacionadas a la posesión y comercialización de drogas, secuencias de hechos desplegados por los individuos observados en las filmaciones, así como la realización del fotograma, ampliación y mejoramiento de las imágenes.
Para ello fijó audiencia para el 19 de abril, a las 9:30, a fin de que asuma bajo juramento el perito Informático Lic. Jorge Enrique Lugo Giménez designado por el Departamento de Acústica e Imágenes del Laboratorio Forense del Ministerio Publico.
Indagarán en equipos de la firma de “Lalo” Gomes y su hijo
Por otra parte, de la firma “Paraguay Autopartes SA”, ese mismo 19 de agosto de 2024, se habían incautados dos CPU. Esta empresa es propiedad de Alexandre Rodrigues Gomes y el fallecido Eulalio “Lalo” Gomes. Fue allanada también en el marco de la investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico, por el operativo “Pavo Real Py II”.
En relación a los dos artículos informáticos, el juez Osmar Legal por AI N° 119, autorizó “buscar y extraer” datos del correo electrónico, programas, mensajes; datos del archivo de agenda, números de contactos e identificación de la persona que usaba el equipo; imágenes, videos y otros archivos guardados y; otros datos relevantes que podrían hallarse en la evidencia citada más arriba.
Para esta labor fue designado el perito propuesto por el Ministerio Publico, al Lic. Jorge Riquelme del Laboratorio Forense del Ministerio Publico.
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Lalo Gomes y su hijo registraron operaciones con Diego Benítez
De acuerdo con la información presentada en la causa por lavado de activos contra Diego Benítez, este también habría operado financieramente con los investigados en el caso Pavo Real Py II, según lo que presentó la imputación en esta última pesquisa.
Los datos refieren que, entre los años 2019 y 2020, periodo en los que Diego Benítez remitió importantes cargamentos de droga en latas de pintura de sus empresas, también se registraron operaciones financieras hechas por el en vida diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes.
Una de las operaciones es del 22 de julio de 2019, cuando la firma Paraguay Autopartes y Accesorios, sociedad conformada por Eulalio “Lalo” Gomes y Alexandre Rodrigues, en concepto de descuento de cheques, concedió la suma de G. 196.164.348 a Diego Benítez. Luego, el 30 de julio de 2019, bajo la modalidad de transferencia bancaria, Alexandre Rodrigues envió la suma de G. 200.000.000 a la firma “Pinturas Tupa SA”, de Diego Benítez y Karen Ortellado.
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El 27 de marzo de 2020, la firma Paraguay Autopartes y Accesorios, propiedad de Eulalio “Lalo” Gomes y Alexandre Rodrigues, transfirió la suma de G. 310.000.000 a la firma Envapar SRL, de Diego Benítez. Luego, el 30 de marzo de 2020, bajo la modalidad de descuento de cheque, el parlamentario le otorgó la suma de G. 150.000.000 a Diego Benítez.
El 19 de mayo de 2020 se registró una nueva operación entre Alexandre Rodrigues Gomes y la firma Envapar SRL, de Diego Benítez, en concepto de descuento de cheques por la suma de G. 1.185.813.699.
El exdirigente deportivo Diego Benítez fue imputado en febrero de 2022; en marzo de ese mismo año se registró su salida del país con destino a Dubái, donde cayó detenido en julio de ese mismo año. El Estado paraguayo solicitó su extradición para someterlo a la justicia por el caso Atlántico Norte, sin embargo, logró fugarse nuevamente cuando se dio vía libre a su remisión a suelo nacional. Hasta hoy sigue prófugo.