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En sesión ordinaria, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) analizó los pedidos de desafueros de los jueces de Paz de La Recoleta Víctor Nilo Rodríguez Acosta, de La Catedral Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, y de La Encarnación Carmen Analía Cibils Miñarro, imputados por la Fiscalía por presunto prevaricato y producción de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad de uso, en el caso conocido como “la mafia de los pagarés”.
En primer término, el JEM en posición unánime resolvió retirar los fueros a la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, a fin de que sea sometida al proceso penal iniciado a cargo del juez Rodrigo Estigarribia. También el inicio de oficio de enjuiciamiento por hechos punibles y en tal sentido, acumulación de las causas N° 57/2025 por prevaricato y causa N° 30/2025 por mal desempeño de funciones ante el órgano.
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Igual postura tuvo el Jurado en relación al juez de Paz de La Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez Acosta, de despojarlo de sus fueros para que pueda ser sometido al proceso penal en curso, por el caso “mafia de los pagarés”. También se resolvió iniciar enjuiciamiento por hechos punibles y la acumulación de las causas obrantes en el órgano: causa N° 58/2025 por prevaricato en la causa N° 43/2025 por mal desempeño de funciones.
En el mismo sentido, los miembros del JEM en forma unánime votaron por desaforar a la jueza de Paz de La Catedral 2° Turno, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, e iniciar de oficio el enjuiciamiento en el marco de la causa N° 59/2025 por prevaricato, y solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión en el cargo de la misma, ante la presunción de comisión de hechos punibles.
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En relación a los casos de los jueces desaforados y cuyo enjuiciamiento se dio inicio de oficio en el JEM, estos procedimientos quedan suspendidos hasta tanto se dicte resolución que ponga fin al procedimiento en el fuero penal.
El caso de “la Mafia de los pagarés”
La investigación relacionada a este caso inició en diciembre de 2024 y prosiguió en enero de 2025, a través de comunicaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Ministerio Público, así como por denuncias hechas por abogados y por víctimas, que exponían irregularidades supuestamente cometidas en los Juzgados de Paz, en aparente confabulación con empresas de cobranzas teniendo como instrumentos hojas de pagarés.
Una de las denuncias cayó en una fiscalía barrial, sin embargo, el caso posteriormente fue reasignado a un equipo fiscal conformado por los agentes Belinda Bobadilla y Jorge Arce, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y Leonardi Guerrero, de la Sede 1 de la Fiscalía. Este equipo investigador realizó una serie de diligencias primarias.
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Posteriormente, en febrero pasado, se realizaron allanamientos simultáneos en los juzgados de Paz de los distritos de “La Recoleta”, “La Encarnación”, “La Catedral 2º Turno” y “San Roque”, de donde se incautaron en total 2.700 expedientes, además de otro tipo de documentos. Todos estos elementos fueron analizados y derivó en las imputaciones presentadas el pasado 21 de marzo, por los hechos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad de uso.
A través del análisis minucioso a los expedientes incautados, la Fiscalía pudo determinar el modus operandi consistente en una suerte de acuerdo entre jueces de Paz, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y abogados demandantes, representantes de diferentes empresas de cobranzas. En el marco de este pacto, se realizaban procesos de preparación de acción ejecutiva.
El aparente fin de todas esas diligencias era, según la Fiscalía, llevar adelante los juicios y llegar al momento de los descuentos compulsivos de salarios a través de embargos. Esto funcionaba así mediante los ujieres que en sus informes consignaban las notificaciones a los demandados, cuando en realidad no cumplían con esa labor.
