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La fiscala Adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Soledad Machuca, rechazó la recusación planteada por el oficial de justicia suspendido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ronald Navarro, contra los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Loenardi Guerrero, quienes intervienen en la causa conocida como “la mafia de los pagarés”.
Con esta acción, Machuca confirmó a los citados agentes fiscales al frente de la investigación relacionada a las supuestas actuaciones irregulares de jueces de Paz de la capital, actuarios y ujieres notificadores de estos, así como de profesionales abogados que impulsaron demandas ante los mismos.
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Cabe señalar que el recusante, Ronald Navarro pidió que los fiscales sean apartados del caso sin ser parte del proceso que abrió la fiscalía.
Navarro planteó su incidente, bajo patrocinio del abogado Isidro Dávalos, atribuyendo a los representantes del Ministerio Público delitos de persecución de inocentes, prevaricato, revelación de secretos de servicio y alteración del orden constitucional, en el marco de la pesquisa en curso.
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Funcionario judicial cuestiona declaraciones tras allanamientos del caso Mafia de los pagarés
El funcionario agrega que la fiscala se apartó de la objetividad que debe tener, “ya que no ha velado en consecuencia a fin de una correcta aplicación de la ley, formándose un criterio personal y exponiéndome a mi y otras personas a la denigración ante la sociedad, afectando mi honor, afectando al derecho a la defensa, a la representación, y a la asistencia, como así también en mis funciones laborales, ya que actualmente me encuentro suspendido puesto existe una suerte de prejuzgamiento social, por culpa de las filtraciones de la Agente Fiscal denunciada (...)”.
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El denunciante cuestiona además que la fiscala haya solicitado informes sobre su celular y lo haya nombrado en declaraciones a la prensa, al término de los allanamientos realizados el 10 de febrero pasado. En la fecha indicada, varios fiscales allanaron en forma simultánea los juzgados de Paz de la capital La Encarnación, San Roque, Catedral (primer y segundo turno) y Recoleta.
En los dias posteriores, los procedimientos continuaron con allanamientos a estudios jurídicos y casas particulares, el juzgado de Paz de Villa Hayes y a la oficina de Estadística de la misma circunscripción judicial.
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El viernes último se presentaron cuatro imputaciones contra 63 personas -entre los cuales se encuentran magistrados. funcionarios judiciales y abogados- por una serie de irregularidades detectadas en las causas investigadas.
