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En la sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de hoy, la máxima instancia judicial aceptó la renuncia presentada por el juez de Paz de Nueva Asunción (Chaco’i), Jorge Adolfo Franco Garelik. El ahora exmagistrado se encuentra suspendido en sus funciones desde marzo del año pasado, a raíz de su presunta participación en un esquema de estafa con la venta de vehículos a través de la firma “Steven Automotores”.

Los ministros también aceptaron la renuncia de los defensores públicos Francisco Antonio Acevedo Morel y Carmen Sigrid Silvana Melgarejo Gaona, quienes fueron designados juez de paz y jueza penal de sentencia de Luque, en ese orden.
Precisamente en la semana pasada, la fiscala Lourdes Bobadilla acusó al entonces juez Franco Garelik y otras cuatro personas procesados en la causa caratulada como “Ministerio Público c/ Denis Steven Bareiro Chávez y otros s/ estafa y otros”, para las que solicitó juicio oral y público por estafa y otros delitos.
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En su acusación, la fiscala Bobadilla afirma que los acusados orquestaron un esquema de estafa que dejó unas 250 víctimas, a las que vendieron vehículos y, con ayuda de los profesionales de la justicia, les secuestraron los mismos en forma irregular.
Acusación a juez de paz, actuaria y dueños de Steven Automotores por estafa y otros delitos
Los acusados son Denis Steven Bareiro Chávez (31) y su padre, Carlos Alfredo Bareiro Benítez (54), dueños de la playa de autos “Steven Automotores”, y el oficial de justicia Carlos Rubén Yrala Fernández (37), a quienes se les atribuyen los hechos de estafa y asociación criminal; mientras que al juez de Paz Franco Garelik y la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez (35), se les atribuye además el ilícito de prevaricato.
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La Fiscalía explica que los acusados “establecieron un esquema de vender automóviles por contrato privado y pagos en cuotas, con la intención de volver a recuperar lo vendido, haciendo que las personas al atrasarse en el pago unos días hasta inclusive la primera cuota, iniciaban un juicio por incumplimiento de contrato y medida cautelar de urgencia, en el Juzgado de Chaco’i, Nueva Asunción”.
Así las cosas, una vez que la demanda se presentaba ante el Juzgado de Paz de Chaco’i, los acusados se encargaban de poner en marcha la estructura, en la cual el juez de Paz Jorge Franco “inmediatamente obviando trámites judiciales imprimían resoluciones de secuestro y el abogado Carlos Yrala quien en representación de la playa “Steven Automotores” iniciaba el juicio y luego fungía de Oficial de Justicia”.
Misma acción llevaban a cabo los comerciantes ante los Juzgados de Paz de Benjamin Aceval, Santisima Trinidad de Asunción y de Piribebuy, según la investigación fiscal.
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“Esto supera lo innimaginable”
En la sesión del pleno de la CSJ del 13 de marzo de 2024, oportunidad en que se dispuso la suspensión de Franco Garelik sin goce de sueldo a pedido del ministro superintendente de la circunscripción judicial de Boquerón, César Garay Zuccolillo, se resaltó la gravedad del caso y el daño causado a la imagen del sistema judicial por la conducta del ahora exjuez.
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“Esto supera lo inimaginable. Sumado a la imputación que tiene y en su condición de prófugo de los mandatos de la Justicia, entiendo que no puede percibir ni un guaraní del erario público que aportan todos los contribuyentes en la República del Paraguay”, expresó Garay al solicitar a sus colegas que la suspensión del magistrado, aprobada en la sesión plenaria del miércoles 13 de marzo, sea sin goce de salario”, expresó Garay en aquella oportunidad.