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La fiscala Lourdes Bobadilla formuló acusación a un total de cinco personas y solicitó que el caso conocido como “Steven Automotores” relacionado a la causa caratulada como “Ministerio Público c/ Denis Steven Bareiro Chávez y otros s/ estafa y otros”, sea analizado por un Tribunal de Sentencia en la instancia de juicio oral y público.
Los acusados son Denis Steven Bareiro Chávez (31) y su padre, Carlos Alfredo Bareiro Benítez (54), dueños de la playa de autos “Steven Automotores”, y el oficial de justicia Carlos Rubén Yrala Fernández (37), a quienes se les atribuyen los hechos de estafa y asociación criminal; mientras que al juez de Paz de Chaco’i de Presidente Hayes Jorge Adolfo Franco Garelik (56), quien fue suspendido porla Corte, y la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez (35), se les atribuye además el ilícito de prevaricato.
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De acuerdo con las averiguaciones del Ministerio Público, las actuaciones de estas personas arrojaron un total de 255 personas que resultaron víctimas de las estafas que se habrían cometido mediante la venta de vehículos, a través de la firma de contratos privados entre los dueños de la playa de autos y los clientes, y el posterior secuestro irregular de los rodados, ordenado por los auxiliares de justicia ni bien se registraban atrasos en las cuotas.
La causa inició el 15 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía imputó al juez de Paz del Juzgado de Nueva Asunción (Presidente Hayes), Jorge Adolfo Franco Garelik, y la actuaria judicial del mismo juzgado, Gabriela Noemí Gaona.
Asociación criminal entre comerciantes y funcionarios judiciales, según Fiscalía
Los datos de la acusación fiscal señalan que, en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, la playa de autos “Steven Automotores”, situada sobre la ruta PY01 (ex Acceso Sur), a través de sus propietarios Denis Steven Bareiro y Carlos Alfredo Bareiro, llevó a cabo varios actos contractuales relacionados a la venta de vehículos a varios clientes.
Ante las facilidades de pago y la esperanza de contar con su propio rodado -según expresa la Fiscalía en su escrito- estas personas han caído bajo engaño. Los compradores sin embargo, no solo firmaban un contrato de compra-venta, sino también una adenda consistente en dación de pago, que estipulaba que en caso de incumplimiento se comprometían a devolver el coche al local, con lo que la firma podía revender los vehículos a otras personas bajo esta venia.
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Es así que, los propietarios de la playa ante el más mínimo incumplimiento de pago en las cuotas por parte de los clientes, hacían entrega de los documentos, incluida la adenda, al juez y funcionarios judiciales para ejecutar el secuestro del automóvil.
En este contexto, era el abogado Carlos Yrala el encargado de promover las demandas promovidas por Denis Steven Bareiro ante el juzgado de Paz de Jorge Franco Garelik. Además, Yrala era quien al momento del secuestro se constituía en oficial de justicia.
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Pagarés no fueron entregados, pese a secuestro de vehículos
De acuerdo con lo que explicó la agente del Ministerio Público, cuando “Steven Automotores” llevaba a cabo la venta de los vehículos a los clientes, estos hacían una entrega inicial que iban de G. 10.000.000 a G. 27.000.000. Al momento del acto, los compradores debían firmar otros documentos que eran “anexo” al contrato, que llevaban por título “cesión de derechos” o “dación de pago”.
La firma de esos documentos provocaba que los clientes se comprometieran a que, en caso de adeudar una o más cuotas, debían devolver el rodado adquirido de la playa de autos. En el caso de la “dación de pago”, se daba en la práctica como si la persona que acababa de comprar el auto volvía a vender a “Steven Automotores”, con una autorización para que, la firma pueda revender el coche a una tercera persona y esta, a su vez, pueda utilizar el rodado con esa autorización, según refirió la fiscala Bobadilla.
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Además, la firma de ese documento anexo posibilitaba que ante el mínimo retraso y la entrega del rodado a la playa de autos nuevamente, el abogado Carlos Yrala pueda tramitar ante el Juzgado de Paz el finiquito del expediente, poco tiempo después de que se haya ejecutado el secuestro del auto. Con esta acción el comprador que devolvió el rodado, quedaba sin posibilidades de reclamar posteriormente la devolución de lo que adquirió tras ponerse al día.
A esto se suma que, pese a que el cliente devolviera el vehículo a la playa, los propietarios de la misma no le entregaban los pagarés correspondientes a las cuotas faltantes, expuso en relación al caso la fiscala Lourdes Bobadilla.
La fiscala Bobadilla también refirió que realizó la quita de duda y se estableció en unos G. 400 millones, consistente en la suma aproximada por los montos de las entregas iniciales al momento de las compras, y de los pagarés que tenían los dueños de playa de autos y que debían entregar a los clientes afectados, en la etapa de conciliación. Sin embargo, los hoy acusados se mostraron reacios a realizar esta acción, por lo que la causa prosiguió y hoy se pide juicio oral.
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Demandas por mínimos retrasos se tramitaban en varios juzgados de Paz
Detalla más la fiscala Lourdes Bobadilla al referir que, en esos dos años los hoy acusados “establecieron un esquema de vender automóviles por contrato privado y pagos en cuotas, con la intención de volver a recuperar lo vendido, haciendo que las personas al atrasarse en el pago unos días hasta inclusive la primera cuota, iniciaban un juicio por incumplimiento de contrato y medida cautelar de urgencia, en el Juzgado de Chaco’i, Nueva Asunción”.
Misma acción llevaban a cabo los comerciantes ante los Juzgados de Paz de Benjamin Aceval, Santisima Trinidad de Asunción y de Piribebuy.
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De esta forma, una vez que la demanda se presentaba ante el Juzgado de Paz de Chaco’i, los acusados se encargaban de poner en marcha la estructura, en la cual el juez de Paz Jorge Franco “inmediatamente obviando trámites judiciales imprimían resoluciones de secuestro y el abogado Carlos Yrala quien en representación de la playa “Steven Automotores” iniciaba el juicio y luego fungía de Oficial de Justicia”.
Para la representación del Ministerio Público, Denis Steven Bareiro, contó con la participación y colaboración de otras personas más, como su padre Carlos Alfredo Bareiro, sus abogados y funcionarios judiciales, quienes se presentaron al esquema pusieron al servicio del grupo ilícito sus conocimientos y experiencias sobre la forma, método, modalidad y todo lo que sea necesario para engañar y lograr un beneficio económico de los clientes.
