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La fiscal de la unidad penal Nº 1 de la ciudad de Capiatá, Carolina Martínez, presentó ayer su requerimiento conclusivo y solicitó el sobreseimiento definitivo de los cinco agentes de la Patrulla Caminera, involucrados en un accidente fatal ocurrido sobre la ruta PY01, en la zona de San Antonio.
Los procesados son: Rosana Bordón (33), Rosa Cáceres González (34), María Elizabeth Palacios (40), Rodolfo Iván Espínola Olmedo (31) y Víctor Daniel Caballero (30), todos con prisión domiciliaria.
El trágico percance ocurrió el 18 de septiembre del año pasado, sobre la ruta PY01 Mcal. Francisco Solano López, en el barrio Cándia Achucarro de San Antonio, donde perdieron la vida Junior César González Barrios y Renato Rojas López.
Con una inusual celeridad, en menos de 24 horas, la agente del Ministerio Público solicitó el requerimiento conclusivo y responsabilizó a las víctimas fatales del percance ocurrido en una barrera que fue considerada ilegal y sin las señalizaciones adecuadas.
En una parte del escrito, el Ministerio Público indica que la causa principal del accidente fatal es atribuible al factor humano y que el conductor del biciclo no contaba con la mínima seguridad exigida para circular.
En cuanto a la conducta de los agentes de la Patrulla Caminera, que no usaron las señalizaciones exigidas para un control en ruta, como conos reflectivos y las torretas apagadas, se señala que es solo una falta administrativa.
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“Que, si bien es cierto, se puede observar que los miembros de la Patrulla Caminera no tomaron todos los recaudos necesarios relativos al protocolo establecido para los operativos de control de vehículos, esta falta es de índole administrativa, y de haber mediado precaución o recaudo en la utilización de dichos elementos, aún así el resultado de la muerte de ambos sujetos se hubiera producido de todas maneras”, reza el documento de la fiscalía.
También indica que los ocupantes de la moto siniestrada estaban bajo los efectos de alcohol y drogas (marihuana y cocaína), y que no se encontraban en condiciones para circular en la ruta de manera razonable.
Defensa recusó a todos los fiscales, menos a la de Capiatá
El abogado defensor de los agentes de la Patrulla Caminera, Hernán Daniel Arzamendia, recusó a las dos fiscales de la ciudad de San Antonio y también a las de Lambaré, por lo que el fiscal adjunto derivó la causa a Capiatá, donde la agente no fue recusada e incluso fue elogiada por la defensa.
La fiscalía de San Antonio contaba con todos los elementos para acusar a los procesados, que fueron imputados por homicidio culposo e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.
La pericia accidentológica determinó también que los agentes estaban en un lugar inapropiado y sin las señalizaciones adecuadas para el control; además, el vehículo no salió del todo de la ruta.
La carpeta fiscal llegó a manos de la agente fiscal Carolina Martínez ayer, e inmediatamente se presentó el requerimiento conclusivo de sobreseimiento definitivo de todos los procesados.
Los familiares sostienen que el abogado llevó la causa a una fiscal amiga, pues el profesional es de Itauguá. Además, indicaron que la representante del Ministerio Público sería familiar de uno de los agentes procesados.
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Sin embargo, la fiscal negó que tuviera afinidad con el abogado defensor, que tampoco es pariente de alguno de los procesados, que actuó de acuerdo a derecho y que tiene una vasta trayectoria.
“Tengo la experiencia suficiente para analizar una carpeta fiscal, y ayer (martes) me designaron, verifiqué la carpeta y preparé el requerimiento de acuerdo con los elementos de prueba que hicieron los fiscales anteriores”, expresó la fiscal cuando le consultamos sobre la llamativa celeridad que le dio al caso.
Dijo que hizo una verificación exhaustiva de los elementos que se produjeron durante la etapa investigativa, que tenía que presentar el requerimiento conclusivo en la fecha establecida y que no era excusa la llegada tardía de la carpeta.
Reconoció que no formó parte de la tarea de investigación, pero que valoró cada una de las pruebas instrumentales que estaban adjuntadas en la carpeta fiscal para llegar a la conclusión de pedir el sobreseimiento definitivo.
“Los agentes de la Caminera estaban actuando de acuerdo con una orden de los superiores y, además, los otros informes que obraban en la carpeta, como criminalísticos, pericias y otros, indicaban que la responsabilidad era del conductor del biciclo y, además, que estaban bajo los efectos de alcohol y drogas, según un examen toxicológico”, expresó la fiscal.
Ahora se aguarda que la jueza de garantías de Lambaré, Isabel Bracho, convoque a una audiencia preliminar para determinar si el requerimiento presentado por la fiscalía se ajusta a derecho.
