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En sesión ordinaria el ministro de la Corte y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), César Garay Zuccolillo, puso en conocimiento del pleno actuaciones fiscales en torno a la causa metrobús, en base a la publicación periodística de nuestro diario titulada “Negligencia fiscal trunca avance del caso metrobús”. Al respecto, el órgano juzgador fijó para el próximo 15 de abril el plazo para habilitar la oficiosidad y analizar el inicio de una investigación preliminar o un enjuiciamiento.
Sobre el punto tratado en el apartado de asuntos varios, el ministro Garay enfatizó: “Tenemos nosotros el imperativo de escudriñar, investigar y constatar todo lo que se ha publicado, que no es de poca monta”.
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De acuerdo con lo que establece el artículo 18° de la Ley N° 6814/2021 que rige las actuaciones del JEM, durante este plazo puede presentarse acusación por parte de profesionales del derecho, así como también instituciones del Estado y acreditar su carácter de acusador. En caso de que en ese lapso no ocurra esto, cumplido el periodo de tiempo el JEM queda habilitado para actuar de oficio.
En este caso, la fiscala María Estefanía González Arévalo -hoy día fiscala adjunta de Boquerón- fue quien imputó al extitular del MOPC Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de Finanzas del MOPC Martha Benítez y al exgerente del metrobús Guillermo Alcaraz (+) el 11 de abril de 2023. También fue quien acusó el 11 de abril de 2024, presentando entre sus pruebas dos informes periciales contradictorios en relación con el perjuicio patrimonial, las obras y una ampliatoria de esta última.
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En base a la investigación hecha por González, el equipo fiscal conformado por la fiscala de UDEA Yeimy Adle y los fiscales de Sede 1, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, representaron al Ministerio Público en audiencia preliminar ante el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú. En principio la Fiscalía se ratificó en el pedido de juicio, sin embargo, después tras detectar inconsistencias rectificó su postura y solicitó el sobreseimiento provisional, que finalmente fue otorgado a los acusados.
Pericias contradictorias fueron presentadas por Fiscalía
La acusación presentada por la fiscala María Estefanía González el 11 de abril de 2024 está sustentada en la pericia de obras realizada por las peritos del Ministerio Público Arq. Olga Fleitas y la Ing. Ross María Franco, que concluyó la existencia de un perjuicio patrimonial al Estado por un total de G. 180.030.528.699 (casi US$ 23 millones al cambio actual de la moneda), por la fallida obra del metrobús, entre los años 2017 y 2018.
Sin embargo, la pericia contable presentada después de la acusación, el 2 de mayo de 2024, determinó que no hubo daño al patrimonio del Estado, ya que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó 29 desembolsos para la empresa Mota-Engil, por 29 certificados de obras.
Es decir, en contradicción a lo que concluyó la pericia de obras, el análisis contable realizado por el perito del Ministerio Público Lic. Jael Alison Garay Silveira determinó que el monto desembolsado por el Estado (cerca de US$ 23 millones) fue por la totalidad de las obras que ejecutó la empresa portuguesa Mota-Engil.
Durante el lapso del sobreseimiento provisional, consistente en un año, el Ministerio Público realizará nuevas pericias, una de obras y otra contable, a fin de determinar con precisión el perjuicio causado al Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con la fracasada obra del metrobús. Estas diligencias fueron solicitadas al juzgado de Humberto Otazú.
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MP prevé realizar 14 diligencias más
Durante el sobreseimiento provisional, cuyo plazo es de un año, como máximo, el Ministerio Público deberá tramitar un total de 14 actos investigativos a fin de sostener la acusación en un eventual juicio oral.
Entre las diligencias a ser realizadas están las nuevas pericias, contable y de obras, y la inclusión del expediente del laudo arbitral entre la firma contratista Mota-Engil y el Estado paraguayo, que en primera instancia salió a favor de la firma portuguesa, que debía cobrar US$ 19 millones por la rescisión unilateral del contrato.
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Sin embargo, en Cámara de Apelaciones un tribunal atendió el recurso planteado por la Procuraduría General de la República, en representación del Estado, y anuló parcialmente el fallo de primera instancia, reduciendo el pago a US$ 2,6 millones.
La Fiscalía también debe solicitar informes a las municipalidades de San Lorenzo, Asunción y Fernando de la Mora, en relación con las autorizaciones para las obras del Metrobús, así como datos sobre estudios hidrológicos y desagües pluviales.
También se agregarán las declaraciones testificales sobre el cumplimiento de las cláusulas del contrato con la firma Mota-Engil, respecto a la ejecución de la obra.
